Causa Laboratorios: El juez frenó parte del pedido del fiscal y no imputó a seis autoridades de la UNRC

En la causa por presuntas irregularidades en la Facultad de Ciencias Exactas, la Justicia Federal resolvió avanzar solo contra cinco de los once señalados. Entre quienes quedaron fuera de la imputación figura la rectora Marisa Rovera.

La investigación por presunto uso indebido de los laboratorios de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) sumó un nuevo capítulo. Tras el pedido del fiscal Roberto Cabanillas de ampliar las imputaciones contra once autoridades universitarias, el Juzgado Federal resolvió que solo cinco de ellas continuarán siendo investigadas formalmente por los delitos de encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En su resolución, el magistrado entendió que, respecto de seis de los funcionarios mencionados, los elementos reunidos hasta ahora no son suficientes para sostener la imputación. Entre ellos se encuentra la rectora Marisa Rovera, además de la vicerrectora Nora Bianconi, el decano Germán Barros, el asesor jurídico Hugo Abraham, Esteban Valentinuzzi, del departamento de Sumarios y Marta Dardanelli, secretaria de Ciencia y Técnica.

Según el comunicado oficial, “la instrucción en relación a estas personas se encuentra en su etapa inicial, encontrándose actualmente en curso la producción y diligenciamiento de diversas medidas procesales. En relación a Marisa Rovera, Nora Bianconi, Germán Barros, Hugo Abraham, Esteban Valentinuzzi y Marta Dardanelli, el juez federal no hizo lugar a la ampliación requerida, toda vez que los elementos de convicción reunidos, no resultan, por el momento, suficientes para considerarlo procedente”.

La causa comenzó a raíz de denuncias sobre la malversación de personal docente y del Conicet en los laboratorios de Exactas, donde se sospecha que profesionales fueron asignados a tareas que no correspondían, en algunos casos con irregularidades en su remuneración o funciones. La fiscalía había solicitado que se imputara a toda la cúpula universitaria señalada, pero el juez federal Carlos Ochoa resolvió avanzar parcialmente solo con cinco de los once investigados.

Carlos Ochoa, juez federal

De este modo, la investigación sigue en curso, mientras que la situación de la rectora y los otros cinco funcionarios quedó en suspenso, abierta a revisiones futuras en caso de que aparezcan nuevas pruebas.

Antecedentes del caso

La investigación comenzó a fines de 2024 a partir de denuncias realizadas por una docente de la UNRC. En abril de este año, el juez federal Carlos Ochoa procesó sin prisión preventiva a cinco docentes e investigadores —Oscar Masciarelli, Lucas Gallarato, Analía Llanes, Julia Iparaguirre y Judith Reynaga— acusados de peculado, administración infiel y defraudación en perjuicio de la administración pública.

Según la acusación, estos investigadores habrían utilizado laboratorios, insumos y equipos de alta complejidad para realizar trabajos privados bajo una estructura paralela que llegó a operar bajo el nombre de fantasía “A&B Agrobiotech Diagnóstica”. Se habrían ofrecido análisis biotecnológicos y microbiológicos a empresas privadas, generando un perjuicio económico directo para la universidad.

La Justicia también procesó a Gabriel Aguilar Mansilla, un técnico externo acusado de encubrimiento, y ordenó un embargo millonario sobre los bienes de todos los imputados.