Biocombustibles en debate: la UIA y la Liga de Provincias avanzan con su propia ley y desafían al oficialismo

La iniciativa busca reemplazar el sistema actual de precios y cupos regulados por un esquema más abierto y competitivo. Cuenta con el respaldo de la Unión Industrial Argentina y la Liga de Provincias Bioenergéticas, y se contrapone al proyecto de desregulación presentado por el Gobierno en 2024.

La Unión Industrial Argentina (UIA) y la denominada Liga de Provincias Bioenergéticas presentaron en el Congreso un proyecto de ley para actualizar el marco legal de los biocombustibles. El objetivo es otorgar previsibilidad a un sector considerado estratégico para el desarrollo regional y la diversificación energética.

La propuesta cuenta con el respaldo de Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe y Tucumán, provincias con fuerte presencia en la producción de bioetanol y biodiésel.

Qué propone la nueva ley

El texto busca reemplazar el esquema de precios y cupos regulados vigente por un sistema basado en licitaciones transparentes, con precios definidos por el mercado. También plantea un incremento gradual en los niveles obligatorios de corte de bioetanol en naftas y de biodiésel en gasoil, así como la incorporación de biocombustibles en medios de transporte aéreo y marítimo.

Otro punto central es la habilitación de vehículos flex y kits de conversión, junto con la apertura de nuevos canales de comercialización. Según la UIA, el actual mecanismo de precios fijados por la Secretaría de Energía generó distorsiones que afectaron la rentabilidad y obligaron a frenar la producción de varias plantas.

El apoyo de las provincias

Los gobiernos provinciales remarcan que la industria de los biocombustibles no solo aporta a la transición energética, sino que también genera empleo calificado y valor agregado en las economías regionales.

Además, destacan que la modificación de la ley 27.640 —vigente hasta 2030— es indispensable para atraer inversiones y dar mayor estabilidad jurídica al sector. “Se necesita una norma moderna, federal y previsible”, sostienen.

El antecedente del Gobierno nacional

El debate se produce en paralelo a la iniciativa que el Gobierno nacional presentó en noviembre de 2024, orientada a la desregulación del mercado de biocombustibles.

Ese proyecto proponía ampliar la competencia, habilitar la importación y exportación libre, y permitir que cualquier empresa energética participara en el abastecimiento. La propuesta generó fricciones con las provincias productoras, que reclamaban un incremento más rápido en los cortes y una mayor protección a las pymes.

La mirada del sector petrolero

En paralelo, la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) planteó la creación de un Régimen de Reactivación de la Producción Convencional para frenar el declive de cuencas maduras de petróleo y gas en provincias como Chubut, Santa Cruz, Mendoza y el norte argentino.

Aunque el desarrollo de Vaca Muerta concentra gran parte de la producción no convencional, la explotación convencional aún representa el 46% del petróleo y el 37% del gas en el país. La CEPH propone medidas como la reducción de regalías, la eliminación de retenciones a la exportación y beneficios fiscales de largo plazo.

El contraste entre ambas iniciativas refleja la disputa por el rumbo de la política energética en Argentina: mientras las provincias bioenergéticas y la UIA reclaman reglas claras para expandir la producción de biocombustibles, el sector petrolero pide incentivos para sostener la actividad hidrocarburífera tradicional.