Bajan la edad de imputabilidad a 14 años: “La pena siempre debe ser diferente entre adultos y adolescentes por razones de desarrollo psicosocial”

Con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, el Senado aprobó la reforma del régimen penal juvenil. La medida reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y modifica puntos centrales del sistema. Especialistas alertan por el financiamiento y el impacto social.

El 1° de marzo quedaron inauguradas las sesiones ordinarias, pero el verdadero termómetro legislativo ya se había sentido durante el verano. En medio de una intensa actividad parlamentaria en extraordinarias, el Congreso avanzó con una de las reformas más sensibles en materia social y judicial: la modificación del régimen penal juvenil.

La nueva ley baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. En diálogo con Telediario Federal, el juez de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y Penal Juvenil de San Francisco, Andrés Peretti, explicó que el cambio va mucho más allá de ese punto. “Lo más mediático es la edad, pero hay transformaciones profundas en la estructura del sistema”, señaló.

El fin de la “pausa” antes de la pena

Uno de los ejes centrales que se modifica es el llamado principio de especialidad. Hasta ahora, el régimen juvenil contemplaba una instancia intermedia entre la declaración de responsabilidad y la imposición de la pena. Ese período funcionaba como un tiempo de evaluación y acompañamiento, acorde al desarrollo evolutivo del adolescente.

Con la reforma, esa lógica se ve acotada. Además, se fija una pena máxima de 15 años para menores, eliminando la posibilidad de aplicar escalas atenuadas como ocurría con la normativa anterior. “La pena siempre debe ser diferente entre adultos y adolescentes por razones de desarrollo psicosocial”, advirtió el magistrado.

el punto más crítico: el presupuesto

Otro de los cuestionamientos pasa por el financiamiento. La ley contempla una partida presupuestaria cercana a los 23 millones, cifra que, según especialistas, resulta insuficiente frente a la magnitud del cambio. “No alcanza con infraestructura. Se necesitan dispositivos especiales, capacitación y políticas preventivas”, explicó Peretti.

Como ejemplo, comparó el monto con el costo de obras penitenciarias en Córdoba, donde una sola unidad como el complejo Papa Francisco representa una inversión similar. “Eso sería a nivel nacional. Claramente no alcanza”, sostuvo.

¿reinserción o inserción?

El debate también expone una realidad más profunda: muchos adolescentes que ingresan al sistema penal nunca estuvieron realmente integrados. “Hablamos de reinserción cuando hay chicos de 16 o 17 años que ni siquiera saben leer ni escribir. A veces no es reinsertar, es insertar”, subrayó.

Desde el ámbito judicial coinciden en que el derecho penal debe ser la última respuesta del Estado, no la primera. La discusión recién empieza: la ley entrará en vigencia 180 días después de su publicación oficial, y las provincias deberán adecuar estructuras, recursos y políticas.