Baja la edad de imputabilidad a 14 años: el Senado aprobó el nuevo régimen penal juvenil
- Telediario Digital
- 27 feb
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La Cámara alta convirtió en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil y redujo de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. El oficialismo celebró una “actualización a estándares regionales”, mientras la oposición advirtió por la falta de presupuesto y la implementación en las provincias.
El Senado aprobó por 44 votos a favor y 27 en contra el nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años. La iniciativa fue acompañada por La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y bloques provinciales, y representa una nueva victoria legislativa para el Gobierno en el cierre de las sesiones extraordinarias.
El oficialismo no logró avanzar hasta los 13 años, como pretendía en un primer momento, pero consiguió consensuar la reducción a 14. Durante el debate hubo fuertes cruces reglamentarios y políticos entre el oficialismo y el kirchnerismo.
Desde el Gobierno defendieron la reforma como una adecuación a estándares regionales, señalando que en países como Bolivia, Chile, Colombia y Paraguay ya rige un límite similar o incluso menor.
En la oposición, en cambio, advirtieron que sin recursos concretos la ley podría convertirse en “letra muerta”. El reclamo apuntó directamente a las partidas presupuestarias necesarias para sostener institutos especializados y equipos técnicos en las provincias. El Ejecutivo debió comprometer más de $23.700 millones para la implementación del sistema y habilitar convenios con los distritos.
La aplicación del nuevo régimen recaerá en gran medida sobre las provincias, que deberán adaptar infraestructura, personal especializado e institutos diferenciados para evitar la convivencia entre menores y adultos. En un contexto de ajuste fiscal, gobernadores y legislaturas locales tendrán que absorber parte del impacto operativo y financiero.
La ley contempla, además, alternativas como prisión domiciliaria, tareas comunitarias y programas educativos y laborales para garantizar la reinserción.
La pena máxima para delitos graves baja de 20 a 15 años y se prevé la creación de institutos específicos con personal formado en infancia y adolescencia.
El debate de fondo recién comienza. Mientras sectores de víctimas celebran la medida como una respuesta a una demanda social, otros advierten que sin políticas de contención y prevención el sistema podría tensionarse aún más.
