Baja de imputabilidad: ya rige la ley que permite juzgar a menores desde los 14 aƱos
- Telediario Digital
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El Gobierno nacional promulgĆ³ la Ley 27.801 que establece un nuevo rĆ©gimen penal juvenil y reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 aƱos. La medida reabre el debate sobre el enfoque punitivo del sistema penal y las polĆticas destinadas a la adolescencia.
El Gobierno nacional promulgĆ³ este lunes la Ley 27.801 que establece un nuevo rĆ©gimen penal juvenil y reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 aƱos. La medida fue oficializada a travĆ©s del Decreto 138/2026 publicado en el BoletĆn Oficial y lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques.
La norma habĆa sido aprobada previamente por el Senado de la NaciĆ³n con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstenciĆ³n, y modifica el esquema vigente hasta ahora, que fijaba en 16 aƱos la edad mĆnima para que una persona pueda ser juzgada penalmente.
El nuevo rĆ©gimen establece distintas alternativas de sanciĆ³n para los adolescentes. Los jueces podrĆ”n aplicar desde amonestaciones y servicios comunitarios hasta monitoreo electrĆ³nico o restricciones de movilidad, especialmente en delitos con penas de hasta tres aƱos de prisiĆ³n o de hasta diez aƱos cuando no haya muerte o lesiones graves de la vĆctima.
La ley tambiĆ©n establece que la privaciĆ³n de la libertad debe ser el Ćŗltimo recursoĀ y aplicarse por el tiempo mĆ”s breve posible. AdemĆ”s, prohĆbe expresamente la imposiciĆ³n de penas perpetuas o indefinidas y evita que los menores acumulen antecedentes penales permanentes.
En caso de detenciĆ³n, la normativa indica que los adolescentes deberĆ”n ser alojados en espacios especialmente acondicionados y separados de personas mayores de edad, bajo la supervisiĆ³n de personal capacitado para el trato con menores.
El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad volviĆ³ a ocupar el centro de la escena polĆtica. Mientras sectores del oficialismo sostienen que la medida busca responder a la creciente preocupaciĆ³n social por la inseguridad, organizaciones sociales y especialistas advierten que sin polĆticas de inclusiĆ³n y prevenciĆ³n en los barrios mĆ”s vulnerables el impacto real podrĆa ser limitado. La experiencia de paĆses como Chile, donde una reforma similar derivĆ³ en un aumento de la privaciĆ³n de libertad de adolescentes, vuelve a aparecer como referencia en una discusiĆ³n que promete seguir abierta en todo el paĆs.