G-FB8DD12N61 Avanza el cobro por amenazas escolares: ya notificaron a los primeros padres en Córdoba
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Avanza el cobro por amenazas escolares: ya notificaron a los primeros padres en Córdoba

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    Telediario Digital
  • hace 17 minutos
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El ministro Juan Pablo Quinteros confirmó que comenzaron a notificarse a familias de estudiantes involucrados. Cada operativo puede costar entre 4 y 16 millones de pesos.

La Provincia de Córdoba empezó a ejecutar una medida que busca frenar las amenazas en escuelas: ya se enviaron las primeras notificaciones de cobro a padres de alumnos que realizaron advertencias de tiroteos u otras situaciones de riesgo dentro de instituciones educativas.


Según confirmó el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, se trata de los primeros cuatro casos en los que se activaron protocolos policiales y que ahora derivan en un reclamo económico hacia las familias. La iniciativa apunta a que quienes generen estas situaciones asuman el costo de los operativos.



El funcionario aclaró que no se trata de una multa, sino de una “responsabilidad patrimonial resarcitoria”. Es decir, que el Estado busca recuperar el dinero invertido en cada intervención, que implica movilización de personal, recursos y genera un fuerte impacto en la comunidad educativa.


Los números son contundentes: un operativo por amenaza puede costar entre 4 y 15 o 16 millones de pesos, dependiendo de la magnitud y el lugar. En casos más complejos, como amenazas de bomba, los costos pueden superar los 17 millones.

“Por una frase escrita en un baño, se activa todo un protocolo que genera miedo y paraliza la actividad escolar”, explicó Quinteros.

Además, remarcó que estos hechos constituyen delitos, especialmente cuando se realizan de forma anónima.



La medida surge en medio de una seguidilla de amenazas en colegios y busca desalentar lo que desde el Gobierno definen como una conducta que algunos jóvenes toman como “broma”, pero que tiene consecuencias reales.


Ahora, el foco también se traslada a las familias: si no se abonan los montos, las causas podrían avanzar hacia la Fiscalía. Un escenario que abre debate sobre los límites de la responsabilidad y el impacto de estas decisiones en el ámbito educativo.

 
 

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