Ataque al intendente de Carnerillo tras la demolición de viviendas en terrenos fiscales
- Telediario Digital
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El intendente Dalmasso ordenó derribar dos viviendas levantadas en terrenos fiscales y el operativo terminó con amenazas, agresiones y un fuerte repudio del municipio. Aseguran que las construcciones eran ilegales y estaban en zona prohibida por Hidráulica.
La Municipalidad de Carnerillo enfrentó una jornada de tensión luego del procedimiento de demolición de dos construcciones irregulares levantadas en terrenos fiscales. El operativo, realizado en conjunto con la Policía, derivó en agresiones, amenazas y un violento episodio contra el intendente y su familia dentro del edificio municipal.
Según explicaron desde el municipio, las estructuras derribadas estaban deshabitadas y habían sido levantadas sin permiso en un área donde no está permitido edificar, tanto por tratarse de bienes fiscales como por las restricciones de la Dirección Provincial de Hidráulica, que prohíbe construcciones a menos de 20 metros del arroyo para evitar riesgos por crecidas.
El intendente Dalmasso afirmó que los vecinos estaban advertidos. “Hace unos meses les había dicho que no podían construir allí y que si lo seguían haciendo se las iban a demoler. Fue un previo aviso”, sostuvo. También aclaró que el municipio no requiere orden de allanamiento para intervenir en terrenos fiscales dentro del ejido urbano: “No son propiedades privadas, y tanto el municipio como la Policía tienen la potestad de actuar sin restricciones”.
Tras los incidentes, la Municipalidad emitió un comunicado expresando su enérgico repudio a todas las amenazas contra el intendente, su familia, trabajadores municipales y vecinos presentes. “Este tipo de conductas atentan contra la convivencia democrática y no serán toleradas bajo ningún aspecto”, señalaron. La gestión confirmó que ya se radicó la denuncia correspondiente y se aportaron pruebas del ataque.
La tensión expuso una problemática recurrente en localidades de la región: el avance de construcciones sin habilitación en sectores públicos y zonas de riesgo. La administración local sostiene que seguirá actuando “con firmeza, responsabilidad y transparencia” para proteger el patrimonio común y garantizar que se cumplan las leyes que ordenan la vida democrática del pueblo.
La causa quedó ahora en manos de la Justicia, que tomará declaración a los involucrados mientras el municipio anticipa nuevos controles sobre los terrenos fiscales del ejido urbano.