Allanaron a Spagnuolo y encontraron USD 80 mil: renunciaron los abogados
- Telediario Digital
- 13 sept
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EL caso Spagnuolo sacude al Estado desde la discapacidad hasta la política nacional.
La investigación judicial que involucra a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, ya no es solo un caso más de presunta corrupción.
El hallazgo de 80 mil dólares en una caja de seguridad a su nombre, tras una serie de allanamientos en distintos puntos del país, expone los entramados opacos que persisten en sectores clave del Estado argentino, y que atraviesan gobiernos, provincias, jurisdicciones y partidos.
Con operativos simultáneos en barrios privados la causa avanza bajo secreto de sumario y con elementos que ya alcanzan a exfuncionarios, empresarios y, según la denuncia original, incluso a figuras centrales del actual oficialismo, como Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem y el propio presidente Javier Milei.
En el centro del escándalo se encuentra la provisión de medicamentos a través de Suizo Argentina, una de las principales droguerías contratadas por el Estado, con negocios que se replican en distintas provincias mediante convenios nacionales.
El foco sobre la ANDIS, un organismo que gestiona recursos destinados a una de las poblaciones más vulnerables del país, vuelve a instalar una pregunta puntual:
¿cómo se controlan los fondos públicos en áreas sensibles? Y sobre todo, ¿quién los controla?
El hallazgo del dinero en efectivo, sin respaldo documental, se suma a otros indicios clave como el seguimiento de movimientos bancarios, registros de ingresos en barrios cerrados, y declaraciones testimoniales como la del consultor Fernando Cerimedo, quien confirmó haber escuchado de boca del propio Spagnuolo detalles sobre esquemas de coimas.
La causa no solo implica a individuos: involucra al entramado estatal que permite, reproduce o mira para otro lado frente a negocios turbios alrededor de la salud y la discapacidad. La combinación de instituciones nacionales, empresas proveedoras, funcionarios y operadores político refleja una lógica que no distingue entre provincias o gestiones, se trata de una corrupción estructural que atraviesa el aparato público de punta a punta.
El retiro repentino de los dos abogados defensores de Spagnuolo , Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze, en plena etapa de allanamientos, añade un nuevo condimento a un expediente que crece en volumen, tensión y repercusión política.
Mientras tanto, la Justicia pone la lupa sobre un posible circuito ilegal de contrataciones, pagos y retornos que se habría montado bajo el paraguas de la política nacional.
La falta de auditorías efectivas, el uso discrecional de partidas y la tercerización de servicios críticos como la compra de medicamentos forman parte de un patrón que se repite en áreas de salud, educación, obra pública o asistencia social.
El caso Spagnuolo no es un hecho aislado: es un espejo incómodo de cómo operan ciertas redes de poder en la Argentina. Su impacto, más allá de los nombres propios, pone en el centro del debate la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de transparencia y control en todos los niveles del Estado.
