Adorni sobre el escándalo Espert: “Está obligado a dar todas las explicaciones porque es funcionario”

El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue consultado nuevamente por el caso que involucra al diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, tras la difusión de un video en el que el legislador admitió haber recibido una transferencia de 200 mil dólares de una empresa vinculada al empresario argentino Federico “Fred” Machado, acusado en Estados Unidos por narcotráfico. En su conferencia de prensa en la Casa Rosada, Adorni sostuvo que Espert “está obligado a dar todas las explicaciones que hagan falta porque es un funcionario”. Y agregó:

“Nosotros estamos obligados a ser absolutamente transparentes en todo. Me parece que las aclaraciones fueron dadas, pero es probable que haya cosas que tenga que seguir explicando y que se irán ampliando”.

Distancia del Gobierno y apoyo de Milei

Adorni aclaró que no habla en nombre de Espert: “No soy vocero de Espert, ni hablo en nombre de él”, señaló, al marcar distancia del escándalo. Sin embargo, el tema dominó las preguntas de los periodistas en la conferencia.

Mientras tanto, el presidente Javier Milei ratificó su respaldo al diputado al compartir en sus redes sociales el descargo de Espert. En el video, el legislador asegura que el dinero provino de una empresa minera de Guatemala por trabajos de asesoría, y no de Machado como sostiene la Justicia estadounidense.

Milei escribió en X: “El profe José Luis Espert desmontando la inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo”. Días atrás, el mandatario también había relativizado las acusaciones y las calificó como “chimentos de peluquería”.

Antecedentes del caso

Espert fue señalado de haber recibido apoyo financiero del empresario narco para su campaña presidencial de 2019, además de realizar 35 viajes en “taxis aéreos” en aviones privados vinculados al piloto contratado por Machado.

La investigación en Estados Unidos sostiene que Machado financió a políticos y armó una red de empresas para el lavado de dinero. En Argentina, el caso reavivó la polémica sobre el financiamiento de la política y la transparencia de los funcionarios públicos.