Abandonada por la justicia: le incendió la casa, le disparó y sigue libre
- Telediario Digital
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La mujer denunció a su ex pareja, Walter Pérez, en reiteradas oportunidades. Tenía botón antipánico y restricción, pero asegura que nunca fue escuchada. Hoy él está detenido, aunque teme que vuelva a quedar libre.
Durante casi dos años, dice, vivió bajo amenaza constante. La víctima relató que realizó cerca de 30 denuncias contra su ex pareja, Walter Pérez, de 46 años, por hechos reiterados de violencia, hostigamiento y amenazas. A pesar de contar con botón antipánico y una medida de restricción, el hombre logró acercarse y finalmente disparar.
“Vivimos presas desde hace casi dos años”, afirmó en su testimonio.
Según contó, todo comenzó tras la separación. Las amenazas fueron escalando: promesas de incendiar la casa, de matarla a ella y a sus hijas, persecuciones en el trabajo y hostigamiento permanente.
“En todo lo que amenazaba, lo cumplía”, sostuvo.
La mujer aseguró que pidió ayuda en la Policía y en la Justicia en múltiples oportunidades. Incluso relató que el juez le pidió que se mudara como medida preventiva, ya que el acusado vivía al lado de su domicilio.
“La protección que me daban era dejar mi casa”, señaló con angustia. Cumplió con esa exigencia, pero afirma que la violencia no cesó.
En uno de los episodios más graves, el hombre habría intentado prender fuego la vivienda cuando una de sus hijas estaba adentro También fue detenido en una oportunidad, aunque recuperó la libertad al día siguiente. La última vez se presentó nuevamente y terminó efectuando un disparo. Hoy está detenido, pero la víctima teme que la situación vuelva a repetirse.
“No somos escuchadas”
El relato expone un reclamo que va más allá del caso individual: la sensación de desprotección ante denuncias reiteradas.
“¿Por qué matan a tantas mujeres? Porque no hay respuesta. Hacés todo para evitarlo y no alcanza”, expresó.
También detalló que vive con miedo permanente, que se traslada en Uber desde su casa hasta el trabajo y que sus hijas atraviesan tratamientos psicológicos.
El caso vuelve a poner en debate la efectividad de las medidas de restricción y los mecanismos de prevención ante situaciones de violencia de género.