La Cámara de Diputados aprobó la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El proyecto del oficialismo ahora pasa al Senado y reabre una discusión de fuerte impacto social y federal.

La Cámara de Diputados dio media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones, y ahora será tratada por el Senado en medio de un clima político atravesado por la seguridad y el rol del Estado frente al delito juvenil.

El proyecto, impulsado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, no solo fija el nuevo piso etario sino que establece penas de hasta 15 años de prisión para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. También incorpora sanciones alternativas para delitos con condenas menores a 10 años, como tareas comunitarias, monitoreo electrónico o reparación del daño.

Desde el oficialismo defendieron la reforma como una respuesta “necesaria” ante hechos delictivos protagonizados por menores.

En la misma línea, la legisladora Laura Rodríguez Machado argumentó que la normativa vigente, que data de 1980: “no previene ni resocializa”.

En la vereda opuesta, referentes del peronismo cuestionaron el enfoque punitivo. El dirigente Juan Grabois planteó que el problema no se resuelve bajando la edad, sino abordando salud mental, consumos problemáticos y contención social. “La edad la pueden bajar a cero años. No es un problema de bajar o no bajar la edad”, lanzó durante el debate.

Uno de los puntos más sensibles fue el financiamiento. El Gobierno incorporó una partida de más de $23.700 millones para la implementación del régimen, tras advertencias de gobernadores que rechazaban asumir solos el impacto presupuestario.

Sin embargo, desde las provincias advierten que el mayor peso no estará en la infraestructura, sino en los gastos corrientes: personal especializado, equipos interdisciplinarios y sistemas de contención diferenciados. En un país con realidades sociales y fiscales muy dispares, el desafío será garantizar igualdad de aplicación sin profundizar brechas entre distritos.

El proyecto también prevé la creación de institutos específicos para menores, con prohibición expresa de convivencia con detenidos mayores, y reconoce derechos procesales a las víctimas, incluyendo patrocinio jurídico y asistencia psicológica.

Con la media sanción ya asegurada, el oficialismo confía en avanzar en el Senado antes del cierre de las sesiones extraordinarias. Pero el debate recién empieza: seguridad, prevención, educación e inversión social vuelven a cruzarse en una discusión que impacta de lleno en barrios, municipios y provincias de todo el país.