VIENDO PASAR LA DICTADURA POR LA VEREDA

Por Guillermo Geremía | Un investigador de la universidad y un docente en ciencias de la educación, un actual diputado nacional, un reportero gráfico que sigue retratando la realidad y el director de un periódico que hoy refleja parte de la vida social de los riocuartenses. Dos actuales luchadores por los derechos humanos, un abogado y su hermano periodista, que sigue mirando críticamente la realidad, un productor agrícola que militó por una sociedad menos desigual siendo que su familia le garantizaba un buen pasar, un comerciante que se animó a reclamar por los ausentes sin imaginar que cavaba su propia tumba y una madre que dio la vida en la búsqueda incansable de su hijo desaparecido. A todos los une el mismo hilo del pasado. Son víctimas de la dictadura militar, cívica y empresarial que hace medio siglo diezmó a una generación.

La Justicia que están esperando hace 50 años tiene fecha de inicio de concreción  el próximo 11 de junio, cuando se realice la audiencia preliminar del proceso en donde se establecerán las responsabilidades de una veintena de imputados  por los delitos de lesa humanidad cometidos por las fuerzas represivas en el sur de la Provincia de Córdoba, entre 1975 y 1983.

“En lo que respecta a la particularidad que asumió en la ciudad de Río Cuarto, los dos grupos que más actuaron hasta 1975 fueron los de la Policía de la Provincia y el de la Policía Federal Argentina, a lo que se sumó a partir de octubre de 1975, las fuerzas militares, principalmente las del Ejército -Batallón de Arsenales 141 con sede en Holmberg- y en menor medida la Fuerza Aérea -Área de Material Río Cuarto, con sede en Las Higueras”, asegura el autor de elevación a juicio de los Fiscales Federales al referirse a los roles desempeñados por las fuerzas de seguridad en el final del gobierno de Isabel de Perón e inicios del proceso militar.

En el requerimiento elevado por Carlos Gonella, Facundo Trotta y María Laura Bazo Queirolo,  luego ratificado por el Juez Federal Carlos Ochoa, se pondrán a consideración más de 70 hechos consumados, con 63 víctimas y 21 imputados en la que se conoce  como la “Causa Gutiérrez”.

Ese texto  judicial al que accedimos,  desnuda cómo los ejecutores de una acción genocida se pasearon con impunidad por las calles de la hoy capital alterna de la provincia, ante la indiferencia mayoritaria de una sociedad que eligió mirar para otro lado mientras observaba por la ventana  desfilar al  horror uniformado o de civil. “A partir de esta época –octubre de 1975- encontramos un escenario claramente delineado, que ubica en todo el ámbito del Tercer Cuerpo de Ejército una estructura destinada a la Lucha contra la Subversión a cargo del Comandante de la Zona de Defensa 3, y dentro de ésta, el Área 311, cuya jefatura –en ambos casos- era ejercida por el Comandante del III Cuerpo de Ejército el General de División Luciano Benjamín Menéndez, quien asume la conducción de la lucha, subordinando a sus directivas el accionar de todas las demás fuerzas de seguridad del Estado Nacional y Provincial”, precisa el voluminoso escrito judicial, como el kilometro cero del inicio de la represión en nuestro ámbito geográfico, en una de las 541 fojas del informe de los representantes del ministerio público federal.

“No es este un juicio por lesa humanidad de los considerados relativamente pequeños, con pocos acusados y pocas víctimas, sino que estamos frente una causa que tiene 70 víctimas. Hoy por hoy hay 21 imputados que están sentados en el banquillo de los acusados y nosotros tenemos previsto ofrecer que comparezcan al debate 38 víctimas”, aseguró Trotta en declaraciones periodísticas tras conocerse que el primer mojón en la agenda de la causa será el jueves 11 de junio de 2026.

En ese encuentro de magistrados, abogados querellantes y defensores se establecerán los días del juicio oral, el uso o no de video conferencias, dónde se va a hacer, días, horarios y duración de las audiencias, si se transmitirán en directo y demás cuestiones operativas de un proceso que se prolongará muchos meses y que comenzaría después de la feria judicial de invierno. “Pasado poco más de un mes, el 3 de noviembre de 1975, una nueva orden del Comando del Tercer Cuerpo de Ejército III extiende las operaciones ofensivas contra la subversión a toda la jurisdicción del Cuerpo y el Estado Mayor del Comando de la Brigada Infantería Aerotransportada IV pasa a integrar el Estado Mayor de la Jefatura del Área 311 con jurisdicción en toda la Provincia de Córdoba. También se implementó un espacio de interconsulta y decisión en la que confluían -en reuniones semanales o quincenales- todas las dependencias de inteligencia de todas las fuerzas involucradas, esto es la “Comunidad Informativa”, detalla el textual de la requisitoria. La Dictadura hacía muchos meses que venía preparando el mecanismo de represión que ensayó durante los últimos meses del gobierno constitucional y desató ferozmente después de 24 de marzo de 1976.

Los dos principales epicentros del terrorismo de Estado en Río Cuarto: la sede policial de Belgrano 50 y la Delegación de la Policía Federal en Lamadrid y Vélez Sarsfield.

Dos lugares fueron los principales epicentros del ejercicio del terrorismo de estado en Río Cuarto. La sede de la Policía de la Provincia de Córdoba en la calle Belgrano 50, primero Unidad Regional Sur 7 y luego 9, asentamiento de la por entonces primero División Informaciones y luego División Inteligencia Regional. Y la Delegación de la Policía Federal Argentina ubicada en Lamadrid en intersección con Vélez Sarsfield.

En la primer sitio se “habría desplegado una modalidad de actuación de absoluta menosprecio hacia la persona de los detenidos, quienes una vez aprehendidos, eran sometidos a un sinnúmero de malos tratos físicos y psicológicos, a efectos de obligarlos a brindar información sobre los hechos investigados, tales como ser mantenidos totalmente incomunicados durante largos períodos, no informarle cuál sería su destino, recibir amenazas de ser asesinados o que se daría muerte a familiares cercanos, ser sometidos a simulacros de fusilamientos, violentas golpizas, ser ahogados mediante distintas prácticas hasta hacerlos perder el conocimiento o experimentar asfixia, e incluso en algunos casos, aplicación de corriente eléctrica en zonas sensibles del cuerpo”.

Los grupos de tareas de la policía de Córdoba actuaban muchas veces de manera conjunta con la Delegación de la Policía Federal. Los testimonios de las víctimas expresan que “que las celdas (de la Federal) se encontraban en un sótano, consistiendo las mismas en unos pequeños tubos. Estas celdas, eran muy pequeñas, tanto que incluso una persona de baja estatura no entraba parada, no pudiendo tampoco estirarse completamente al acostarse. Parecían cajas, donde los detenidos permanecían todo el día encerrados, y por la noche los vendaban y eran subidos a una oficina en un piso superior, donde se practicaban los interrogatorios y se le imponían los apremios”, asegura el texto del documento judicial. “Las torturas se efectuaban encontrándose las personas con las manos atadas hacia atrás, lo que las colocaba en total situación de indefensión, y con los ojos vendados, no pudiendo reconocer por esto a sus victimarios. Son concordantes también los testimonios al describir que en esta repartición policial se encontraba un “sillón de peluquero”, al que muchas de las víctimas fueron atadas .Es aquí donde se desplegaba contra las víctimas un amplio espectro de prácticas tales como el hecho de ser mantenidos incomunicados, con la incertidumbre de no saber cuál sería su destino, recibiendo asimismo amenazas permanentes en contra de su vida y de sus familiares cercanos, situación ésta que al encontrarse incomunicados generaba una mayor presión psicológica en la víctima, tornándola altamente vulnerable. Los detenidos eran además sometidos a golpizas en todas partes del cuerpo, o se les producía quemaduras con cigarrillos, o se les practicaba simulacros de fusilamiento, o se los hacía sufrir asfixia o ahogamiento mediante diferentes prácticas que, en muchos casos, acarreaba la consecuente pérdida de conocimiento, habiéndose aplicado también corriente eléctrica en partes del cuerpo en donde la sensibilidad es mayor”. El terrorismo de Estado uniformado actuando  a pocas cuadras de la propia municipalidad de Río Cuarto.

De izquierda a derecha: Rubén Padula, Juan Muzzolón y los hermanos Giuliani, víctimas del terrorismo de Estado en Río Cuarto. La víctima del PRIMER hecho relatado en la elevación a juicio es el riocuartense Rubén PADULA, actual residente en la localidad de Achiras y que vivía en Córdoba al momento de ser detenido por ser militante del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo). En el hecho TRES el protagonista es Juan MUZZOLÓN (PRT-ERP). Al hoy  jubilado de la industria gráfica lo detuvieron cuando entraba en su domicilio de Sobremonte 1033 y en el hecho CUATRO,  los hermanos Juan Carlos GIULIANI (hoy periodista y dirigente sindical) y Héctor Lucio GIULIANI (abogado), militantes de Montoneros, detenidos en su casa familiar de Levalle y Caseros  de las “320 viviendas”. Entre otras acciones ilegales a PADULA  le sumergieron la cabeza en un recipiente con agua produciéndole sensación de asfixia (submarino) e impedirle la respiración por boca y nariz (submarino seco). A MUZZOLÓN lo trasladaron a la sede policial de la calle Belgrano, lo sometieron a tormentos psíquicos y físicos, entre ellos “colgar a la víctima durante varias horas, cabeza abajo, de una de sus piernas, posición que le habría provocado rotura de meniscos de aquella pierna”. Mientras que a los hermanos GIULIANI tras ser alojados en la cárcel local, los trasladaron a la Unidad Departamental para someterlos por separado a diferentes tormentos. Héctor Lucio víctima de “ser encapuchado y sometido a golpes en general en todas partes de su cuerpo hasta caer al piso”. Ambos fueron posteriormente traslados a Córdoba y meses después puestos a disposición del Servicio Penitenciario Federal.

De izquierda a derecha: Alberto Levi, María Victoria Aromataris, Viviana Machiarolla, víctimas del terrorismo de Estado en Río Cuarto. Más adelante en la requisitoria fiscal de la causa Gutiérrez, aparecen como víctimas del hecho TREINTA Y DOS, Alberto LEVI. Por entonces militante del Partido Comunista y actual integrante de la Casa de la Memoria, que fue abordado el 28 de enero de 1977 cuando iba a subir a su vehículo estacionado en calle General Paz y privado ilegalmente de su libertad por un grupo de personas vestidas de civil.  En el hecho TREINTA Y TRES el detenido fue Alberto PINTO. El militante del Peronismo de Base fue privado de su libertad por personal de la policía de Córdoba. En el hecho judicial TREINTA Y CUATRO la detenida María Victoria AROMATARIS, quien fuera hasta no hace mucho tiempo responsable del Observatorio de Derechos Humanos de la UNRC. “El día 25 de abril de 1977, aproximadamente a las 9.00 hs., en momentos en que se encontraba trabajando en unas oficinas ubicadas en calle 9 de julio 1451 de la ciudad de Río Cuarto, la llevaron sindicada como militante de JUP y Montoneros”.  Y en el hecho TREINTA Y SIETE, la víctima es Viviana MACHIAROLLA, sindicada como militante del “Peronismo de Base” y quien se desempeñara muchos años como investigadora en educación en la universidad pública local.

A LEVI entre los tormentos y abusos a los cuales fue sometido, lo mantuvieron “inmóvil durante toda una noche atado a una silla, con una soga que pasaba por su cuello, bajaba y le sostenía las manos para atrás al respaldar y continuaba luego más abajo y le sostenía los pies a las patas del asiento”. Por su parte a PINTO, que tenía dolencias físicas crónicas preexistentes, fue destinatario de torturas en distintas lugares de detención y murió en cautiverio en la Unidad Penitenciaria de La Plata el  5 de marzo de 1979 a raíz de los tormentos padecidos en los calabozos. A  AROMATARIS le propinaron golpes en distintas partes del cuerpo, le cubrieron la boca y nariz con trapos mojados para provocarle asfixia, sumado a amenazas y comentarios denigrantes. Durante su encarcelamiento MACCHIAROLA fue forzada  a constantes torturas físicas y psíquicas, tales como vendarle los ojos para interrogarla en sesiones en las que se propinaban golpes por todo el cuerpo, cubrirle la boca y nariz mientras le arrojaban agua,

De izquierda a derecha: Juan Carlos Díaz, Carlos Matelo y Carlos Gutiérrez, víctimas del terrorismo de Estado en Río Cuarto.

El fundador y director del periódico El Sureño es la víctima del hecho CUARENTA Y DOS relatado en la causa Gutiérrez.  El 22 de junio de 197 fue, el ya fallecido represor Miguel Angel “Gato” GÓMEZ, quien lo detuvo de manera ilegal por ser militante de la organización Peronismo de Base. DÍAZ se presentó voluntariamente en la sede policial tras el requerimiento. A Carlos Salvador MATELO (reportero gráfico en actividad) lo encarceló el mismo Gómez un día después, cuando caminaba por la Plaza Roca. Mientras que a Carlos Mario GUTIÉRREZ (referente del peronismo riocuartense y actual Diputado Nacional) lo apresaron en San Luis en su domicilio del Pasaje 36 al 360 de la capital puntana. La policía federal de San Luis, la de Villa Mercedes y la repetida presencia del “Gato” Gómez procedieron a su detención ilegal por integrar el Peronismo de Base y el PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores).

A  Juan Carlos “Quitito”  DÍAZ, quien fuera años después uno de los lugartenientes políticos del ex Diputado Nacional Humberto Roggero,  en los interrogatorios, “le propinaban golpes en todo el cuerpo, le impedían la respiración mediante trapos en la boca y nariz mientras se le arrojaba agua provocándole asfixia"(mojarra)". Mientras tanto, a Carlos MATELO “procedieron a someterlo a constantes torturas físicas y psíquicas, como ser mantenerlo incomunicado, interrogarlo al tiempo que le propinaban golpes en todo el cuerpo, sumado a amenazas y comentarios denigrantes”. Por último al ex concejal, ex ministro provincial e histórico ‘hombre de Schiaretti’ en el sur de Córdoba, tras trasladarlo a Río Cuarto y alojarlo en el Unidad Departamental lo sometieron a un periplo de terror.

 “La tercera noche de su estadía en aquella Unidad, probablemente durante la noche, entre el 29/7/77 al 30/7/77, GUTIERREZ fue  encapuchado y maniatado, e introducido en el baúl de un automóvil Fiat 125 color arena, siendo trasladado por MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ, junto a otros policías no identificados, hasta el Centro Clandestino de Detención “La Ribera”, ubicado en Barrio San Vicente de esta ciudad (Córdoba) y, pasadas unas horas, GUTIERREZ fue trasladado a cuatro distintos lugares no identificados, ubicados en esta ciudad, en los que no aceptaron alojarlo y, en consecuencia, fue transportado en el baúl del automóvil antes indicado, nuevamente a la ciudad de Río Cuarto, no sin antes, durante el viaje, detenerse la marcha en un descampado, bajar a la víctima y, luego de someterlo a una sesión de golpes y patadas, practicarle un simulacro de fusilamiento”. No son los únicos hechos ni las únicas víctimas. Tampoco estarán todos los victimarios sentados en el banquillo. Algunos estarán vía videoconferencia, otros excusados por insania debido a su edad y también hay procesados fallecidos. Que llegue la causa Gutiérrez a Juicio Oral es un triunfo de las propias víctimas, de los militantes de los Derechos Humanos y del Estado Municipal que desde la Intendencia de Juan Jure en 2008 se constituyó como querellante y fue política de Estado con los posteriores jefes municipales.

El Tribunal Oral Federal no está dando un paso más con el avance de esta nueva mega causa por delitos de lesa humanidad. Para Río Cuarto y las víctimas de la Dictadura Cívico-Militar se trata de exorcizar los fantasmas del pasado y condenar  finalmente a los genocidas locales aún vivos e impunes tras la noche más oscura de nuestro pasado reciente. Es una forma de dejar de ver pasar los episodios de la historia propia por las rendijas de nuestro individualismo.

Así son las cosas