“Un hecho histórico”: por que la personería religiosa redefine el rol de las iglesias en la comunidad

Pastores de Río Cuarto y la región se reunieron para conocer los alcances del decreto 176/25, que habilita el registro como iglesias sin recurrir a figuras civiles. Autoridades provinciales destacaron el impacto institucional y el trabajo articulado con el municipio.

La posibilidad de que las iglesias evangélicas accedan a una personería jurídica propia generó una fuerte repercusión en Río Cuarto y la región. Pastores locales y referentes provinciales se reunieron para analizar el alcance del decreto 176/25, recientemente firmado y considerado un “hecho histórico” para las comunidades de fe.

Durante el encuentro, el secretario de Relaciones con la Comunidad y Culto, Mariano Almada, subrayó que la nueva normativa “otorga por primera vez un reconocimiento pleno” a las iglesias que funcionan en Córdoba.

“Antes tenían que inscribirse como asociaciones civiles o fundaciones, cuando su identidad y misión pastoral eran claramente religiosas”, explicó. El decreto habilita, por primera vez, la inscripción directa como iglesia ante el Estado provincial.

Dante Domínguez, presidente de la Confraternidad de Pastores de Río Cuarto y la Región, resaltó la dimensión del cambio:

“Estamos viviendo un momento bisagra. Después de tanto tiempo, tener personería jurídica como iglesias es una bendición”.

También valoró la relación con el municipio:

“El intendente De Rivas nos ha abierto las puertas. Cuando necesitamos reunirnos con el intendente, el secretario o el subsecretario, siempre hubo disposición”.

El impacto de esta medida tiene un componente claramente federal: Córdoba se convierte en una de las primeras provincias del país en reconocer a las iglesias a través de una figura específica, sin obligarlas a encuadrarse en estructuras jurídicas ajenas a su función. Para las comunidades pequeñas del interior, muchas de ellas con fuerte rol social y territorial, este cambio facilita trámites, acceso a programas y una articulación estatal más equitativa con respecto a instituciones urbanas de mayor tamaño.

Además de permitir la inscripción como iglesias, el decreto ofrece la posibilidad —para quienes lo deseen— de mantener simultáneamente la figura de asociación civil o fundación. Esto atiende una realidad extendida en la región: muchas comunidades cumplen tareas sociales, educativas o asistenciales que requieren herramientas jurídicas complementarias.

El encuentro dejó abierta una agenda de trabajo entre provincia, municipio y referentes pastorales, con la expectativa de fortalecer el diálogo interreligioso y acelerar las inscripciones en las próximas semanas. El avance del decreto también anticipa un debate mayor: cómo debe actualizarse el marco legal del culto a nivel nacional para reconocer la diversidad religiosa y reducir las asimetrías entre provincias.