Senado: el gobierno va por la reforma laboral y baja la edad de imputabilidad

La Cámara alta debate la reforma laboral y la nueva ley penal juvenil en la previa del discurso presidencial. El oficialismo confía en los votos de gobernadores aliados para cerrar las sesiones extraordinarias con dos leyes sensibles que impactan en el trabajo y en el sistema penal.

El Senado debate este viernes desde las 11 la reforma laboral y la nueva ley penal juvenil, dos proyectos centrales para el Gobierno en el cierre de las sesiones extraordinarias. La intención oficial es sancionar ambas normas antes del discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa.

En el caso de la ley penal juvenil, el proyecto aprobado en Diputados reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. Establece un régimen especial para menores, con sanciones que pueden ir desde medidas socioeducativas hasta penas de hasta 15 años para delitos graves. Para delitos con penas menores a tres años se descarta la prisión, y se priorizan alternativas con enfoque de resocialización.

La reforma laboral, en tanto, introduce cambios estructurales en las relaciones de trabajo: modifica el esquema de despidos, habilita fraccionar vacaciones y establece que no necesariamente deberán otorgarse en verano cada año. Además, fija una jornada máxima de hasta 12 horas con compensación posterior y crea un sistema de horas a compensar en lugar del pago tradicional de horas extras.

Uno de los puntos más sensibles es el abaratamiento de las indemnizaciones: no se computarán aguinaldo, vacaciones ni premios, y se tomará como base el salario básico promedio. También podrán pagarse en cuotas —hasta 12 en grandes empresas y 18 en pymes—. En materia sindical, se mantiene el aporte con tope del 2% y se restringe el derecho a huelga en servicios considerados “esenciales” o “trascendentales”, con obligación de garantizar entre el 50% y el 75% de la prestación.

Impacto federal: qué puede pasar en las provincias

Detrás de la discusión técnica se juega un escenario con fuerte impacto federal. Gobernadores de provincias como Chubut, Mendoza, Corrientes, San Juan, Neuquén, Misiones, Tucumán y Salta acompañan al oficialismo. En distritos con fuerte presencia de pymes, economías regionales y empleo industrial, los cambios en indemnizaciones y condiciones laborales podrían modificar el equilibrio entre costos empresariales y protección del trabajador.

Para provincias con alta conflictividad social o economías golpeadas por la caída del consumo, la reforma laboral puede representar un alivio para empleadores, pero también una mayor precarización si no hay reactivación. En paralelo, la baja en la edad de imputabilidad abre un debate profundo en distritos donde el sistema penitenciario juvenil ya presenta limitaciones estructurales.

Mientras la CGT anunció una movilización y presentación judicial contra la reforma laboral, el Gobierno apuesta a mostrar fortaleza política antes del discurso presidencial. Si consigue los votos, cerrará las extraordinarias con un paquete de leyes que redefinen reglas de juego clave en el mercado laboral y en el sistema penal argentino.

El resultado de la sesión no solo marcará el pulso del Congreso, sino también el clima político y social en las provincias en las próximas semanas.