Se amplía a 23 el número de gendarmes acusados de exigir “peajes” a camioneros en el puesto de Sampacho

La investigación que destapó un escándalo en la Gendarmería Nacional con sede en Sampacho no deja de crecer. Lo que comenzó como una denuncia aislada de un camionero cansado de pagar sobornos en la ruta nacional 8 derivó en una causa federal que ya tiene 23 efectivos imputados por presunta asociación ilícita y cobro de coimas a transportistas para permitirles circular sin inconvenientes.

La maniobra, según la fiscalía, funcionaba como un “peaje paralelo” a lo largo del corredor vial del sur cordobés.

Los gendarmes detenían camiones, revisaban documentación y, ante supuestas irregularidades, exigían pagos que iban desde los 50 mil hasta los 600 mil pesos. En algunos casos el dinero se entregaba en efectivo, dentro de carpetas o bolsos; en otros, mediante transferencias a cuentas vinculadas con intermediarios.

La causa se inició a partir de la denuncia de un camionero en enero de este año. Su testimonio permitió abrir una investigación encabezada por el fiscal federal Rodolfo Cabanillas, con apoyo de la justicia federal de Río Cuarto y de Córdoba. A partir del análisis de teléfonos, movimientos bancarios y cámaras de seguridad, los investigadores reconstruyeron una red de recaudación sistemática que habría operado durante al menos un año.

El origen de la causa

En septiembre fueron detenidos los primeros 14 efectivos del destacamento de Gendarmería en Sampacho, entre ellos la jefa de la sección de Seguridad Vial, Analía Galian. Pero el expediente se amplió y hoy ya son 23 los uniformados acusados, además de un civil —conocido como “El Sanjuanino”— que habría actuado como nexo para recibir parte de los pagos. Trece de los implicados permanecen alojados en el penal federal de Bouwer, mientras que otros dos cumplen prisión domiciliaria.

El caso generó fuerte repercusión en la región. En Sampacho, la comunidad quedó conmocionada al conocerse que un destacamento que debía controlar el tránsito pesado en la ruta 8 estaría involucrado en maniobras de corrupción. Desde el municipio, el intendente Franco Suárez y distintas instituciones locales elevaron un pedido a las autoridades nacionales para garantizar la continuidad de la presencia de Gendarmería en la zona, más allá del proceso judicial.

Desde la fuerza nacional, informaron que no existe en curso ningún plan de inactivación en ese sitio. Pero acotaron que se modifica su denominación a “base de patrulla”.

El futuro de la causa

La investigación, caratulada como “asociación ilícita, exacciones ilegales y abuso de autoridad”, sigue en curso y no se descartan nuevas imputaciones. La Justicia estima que todavía hay transportistas que podrían aportar más pruebas, aunque muchos temen represalias.

Se sospecha que el circuito de cobro habría operado entre mediados de 2024 y septiembre de este año, con diferentes turnos de recaudación y reparto del dinero.

Mientras avanza el expediente en los tribunales federales, los investigadores intentan determinar el alcance total del sistema de sobornos y la posible participación de superiores jerárquicos. Lo que está claro es que la causa ya desnudó una trama compleja, con ribetes de estructura organizada, que promete seguir sacudiendo a la Gendarmería Nacional en los próximos meses.