San Luis endurece sanciones: quitará beneficios económicos a estudiantes que hagan bullying
- Telediario Digital
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La provincia modificó los requisitos del beneficio de “estampillas escolares” y dispuso que los alumnos que cometan bullying, ciberacoso o actos de violencia perderán parcialmente o por completo la ayuda económica. El cambio, defendido por el Ministerio de Educación, ya abre discusiones sobre inclusión, derechos y el alcance de las sanciones estatales en las aulas.
San Luis volvió a instalarse en la discusión nacional tras anunciar un cambio profundo en su política educativa: desde 2026, los estudiantes que ejerzan bullying, ciberacoso o cualquier forma de violencia escolar podrán perder el beneficio económico de las estampillas escolares.
La medida, que ya generó repercusión en distintas provincias, obliga a revisar cómo el Estado interviene en conflictos escolares en un país donde el financiamiento educativo y la convivencia varían fuertemente según el territorio.
El decreto firmado por el gobernador incorpora un nuevo requisito: acreditar una “trayectoria escolar basada en el respeto y la convivencia”. Candela Escudero, directora de Beneficios Estudiantiles, explicó en diálogo con Telediario que cada año escolar tiene un valor económico —hasta completar un total de $1.200.000— que podrá descontarse de manera parcial o total según la gravedad y reiteración de las conductas:
“Si un alumno incurre en bullying o ciberbullying, se le quita el valor de la estampilla de ese año; y si reincide hasta tres veces, pierde todas las estampillas acumuladas”, detalló.
El beneficio, vigente desde 2011, alcanza a quienes egresan del sistema educativo provincial. San Luis lo presenta como una herramienta para “proteger a la comunidad educativa” y acompañar a las escuelas en la denuncia de hechos de violencia.
El Gobierno sostiene que la convivencia escolar requiere nuevas reglas ante situaciones que —según reconocen las propias autoridades— generan “consecuencias muy tristes” para los estudiantes afectados.
Sin embargo, la medida abre un debate clave con perspectiva federal. En la mayoría de las provincias, las becas o programas de estímulo escolar tienen objetivos de inclusión: sostener trayectorias en contextos de desigualdad económica, institucional o territorial.
Quitar beneficios puede tener efectos diferenciados sobre estudiantes de sectores vulnerables, donde una sanción económica no solo castiga una conducta, sino que puede profundizar brechas preexistentes. La controversia ya resuena en distritos que miran con preocupación cómo se trasladará la discusión a sus propias normativas.
El Gobierno provincial avanza además en un paquete más amplio: un proyecto de reforma al Código Contravencional que suma multas de 1 a 6 millones de pesos a los padres de niños y adolescentes que cometan actos de violencia escolar. El cambio reemplaza las tradicionales tareas comunitarias por sanciones económicas que impactan directamente sobre las familias, lo que vuelve a encender el debate sobre responsabilidad parental y capacidad económica.
De cara a 2026, el desafío será observar cómo esta política influye en la convivencia escolar y qué respuesta provocará en otras jurisdicciones. Si la iniciativa se expande o si queda limitada a una experiencia local dependerá de la reacción de legisladores, especialistas en educación y comunidades escolares que ya comienzan a preguntarse hasta dónde puede el castigo económico reemplazar al acompañamiento pedagógico.