San Jorge ya es ley: la megamina que Mendoza aprobó en plena crisis hídrica

Mendoza dio un paso histórico —y polémico— en su política minera. Este martes, el Senado provincial aprobó por 29 votos a favor y 6 en contra (con una abstención) la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto San Jorge, una megamina de cobre ubicada en Uspallata. Es la primera DIA de explotación aprobada con la Ley 7722 (ley del agua) vigente, un hito que reconfigura la discusión ambiental y vuelve a tensar el vínculo entre Estado, comunidades y empresas en una provincia atravesada por una crisis hídrica de más de una década.

La votación exhibió un respaldo más amplio del esperado. El oficialismo sumó apoyos del PRO, del Partido Demócrata, de La Unión Mendocina y de cinco legisladores del peronismo, alcanzando una mayoría que sorprendió incluso a voceros del propio gobierno. El resultado final fue de 29 votos positivos porque el presidente de la sesión, Martín Kerchner, no votó: solo podía hacerlo en caso de empate.

Un recinto blindado y una calle encendida por las protestas

Mientras la Legislatura sesionaba, manifestantes antimineros se concentraron desde la noche anterior en Plaza Independencia, con delegaciones de Uspallata, San Carlos y Lavalle. Vallados, retenes y un fuerte operativo policial marcaron el clima de una jornada que recordó a las movilizaciones de 2019, cuando la ciudadanía forzó la derogación de la reforma que flexibilizaba la Ley 7722.

Las asambleas por el agua insisten en que no existe licencia social y cuestionan que la provincia avance con un emprendimiento de esta magnitud en medio de una de las crisis de disponibilidad hídrica más severas del país.

Qué significa la aprobación y qué pasos siguen

Con la DIA aprobada, la operadora Zonda Metals GmBH (Suiza) junto al Grupo Alberdi deberá:

• completar la factibilidad definitiva,

• avanzar con los pozos de relleno (infill),

• formalizar su ingreso al régimen RIGI,

• y cumplir con las exigencias ambientales, técnicas y administrativas antes del inicio de obra.
  

El yacimiento se ubica entre los 2.400 y 2.900 metros de altura, a 97 kilómetros de la Ciudad de Mendoza. La inversión total proyectada ascenderá a USD 559 millones, de los cuales 462 millones corresponden a la etapa de construcción.

Cómo será la explotación: tajo, agua y proceso de concentración

San Jorge será una mina a cielo abierto, con un tajo de 1.700 metros de largo, 950 de ancho y hasta 350 metros de profundidad. El depósito de colas alcanzará los 158 millones de toneladas, con escombreras diferenciadas. La vida útil estimada es de 16 años, con un promedio anual de 151.000 toneladas de concentrado de cobre, con picos de hasta 241.000 toneladas.

El agua provendrá del arroyo El Tigre, que cuenta con un caudal medio de 318 litros por segundo. El consumo previsto es de 141 litros por segundo, manteniendo —según informes oficiales— el caudal ecológico. Un estudio de la Universidad Nacional de San Luis estima que la reducción de recarga hacia la ciénaga de Yalguaraz sería del 8%.

El proceso metalúrgico será por flotación, sin uso de cianuro, ácido sulfúrico ni mercurio, en cumplimiento con la Ley 7722. La empresa asegura que el sistema incluye recirculación interna del agua y piletas especiales para manejar aguas contactadas.

El debate político: desarrollo, crisis hídrica y modelo de provincia

Para el gobierno de Alfredo Cornejo, esta aprobación representa “el inicio de un nuevo ciclo productivo” y la posibilidad de atraer inversiones internacionales. También destacan los empleos previstos: 1.000 puestos durante la construcción, picos de 1.200, 380 directos en la operación, hasta 700 sumando indirectos y unos 100 puestos en el cierre.

Sin embargo, organizaciones socioambientales, especialistas en derecho ambiental y geógrafos critican que:

• la cuenca del Río Mendoza abastece a tres cuartas partes de la población provincial,

• la crisis hídrica es estructural,

• el proyecto presenta riesgos por su escala, su dique de colas y la liberación de metales pesados,

• y que las regalías mineras representan ingresos mínimos frente al impacto ambiental potencial.
  

También remarcan que el conflicto local se inserta en un contexto nacional de profundización del extractivismo, con presiones para flexibilizar la Ley de Glaciares y expandir la frontera minera.

Lo que viene: judicialización y un conflicto que no termina

Tras la aprobación, diversas organizaciones anunciaron que presentarán:

• recursos de inconstitucionalidad,

• medidas cautelares,

• pedidos de intervención de la Corte Suprema,

• e incluso la posibilidad de recurrir a tribunales internacionales.
  

Aunque el proyecto obtuvo el aval legislativo, la calle anticipa un escenario de tensión sostenida. Mendoza vuelve a ser símbolo de una disputa mayor: qué modelo de desarrollo quiere la Argentina y cómo se gestiona el agua en un país cada vez más vulnerable al cambio climático.