Reforma laboral: tensión en el peronismo y pulseada con las provincias

El gobernador de Salta reveló presiones internas dentro del peronismo para frenar la ley impulsada por el Gobierno nacional. Habló de disciplinamiento a las provincias

dialoguistas y expuso la fractura opositora a horas de una sesión clave.

A pocas horas de un debate decisivo en el Congreso, la tensión política escaló con fuerza tras las declaraciones del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. El mandatario denunció públicamente que legisladores peronistas recibieron “amenazas” de intervención partidaria si acompañan la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Según Sáenz, la conducción nacional del Partido Justicialista estaría utilizando la intervención de los partidos provinciales como mecanismo de presión para bloquear la iniciativa oficialista. El objetivo, advirtió, es impedir que los senadores que responden a gobernadores del interior aporten los votos necesarios para aprobar la ley.

“Hay gobernadores y legisladores que han sido amenazados con intervenirles el partido”, aseguró el mandatario salteño, dejando al descubierto una interna profunda en la oposición. El planteo expone un choque directo entre la lógica federal de las provincias y la estrategia centralista del PJ nacional, en un contexto económico que golpea con más fuerza fuera del AMBA.

Sáenz explicó que la eventual intervención partidaria apunta al corazón de los armados políticos locales. “Es la única herramienta electoral que tienen muchos gobernadores”, sostuvo. Perder el sello implica quedarse sin estructura, financiamiento y capacidad real de competencia, especialmente en distritos donde el peronismo es la principal fuerza.

El gobernador recordó que esta metodología ya se aplicó en provincias como Salta, Misiones y Jujuy, y advirtió que otros distritos del norte y el NOA podrían correr la misma suerte si sus representantes no se alinean con el rechazo total a la reforma laboral.

El foco de la disputa está puesto en los cinco senadores del bloque Convicción Federal, que responden a gobernadores del interior y mantienen una postura autónoma del kirchnerismo. Son esos votos los que podrían inclinar la balanza a favor de La Libertad Avanza.

Para estos legisladores, la reforma laboral no es solo una discusión ideológica: la vinculan con la necesidad de atraer inversiones, sostener empleo privado y darle aire a economías regionales golpeadas por la recesión. Sin embargo, enfrentan una triple presión: el Gobierno nacional que necesita los votos, la conducción del PJ que exige disciplina y la CGT, que convocó a movilizarse contra el proyecto.

Mientras el peronismo muestra fisuras, la Casa Rosada aceleró las negociaciones con gobernadores. Bajo la consigna de que “sin las provincias no hay ley”, el Ejecutivo busca asegurar apoyos con promesas de financiamiento, obra pública y asistencia fiscal, en un escenario de ajuste que golpea especialmente al interior.

Sáenz fue duro al analizar la resistencia al proyecto: afirmó que se están defendiendo “privilegios de la política y de algunos representantes de los trabajadores” y cuestionó un sistema que castiga la autonomía de las provincias. “Así es muy difícil trabajar”, resumió.

La sesión prevista para este miércoles no solo definirá el futuro de la reforma laboral. También funcionará como un test político: medirá la capacidad de negociación de Milei y dejará expuesta, una vez más, la crisis de cohesión de un peronismo atravesado por disputas de poder y una fuerte tensión entre Buenos Aires y las provincias.