Qué cambia con la nueva reforma laboral y por qué ya hablan de conflictos judiciales y sindicales
- Telediario Digital
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El gobierno busca aprobar en los próximos días una nueva reforma laboral. El abogado laboralista y ex camarista César Arese alertó por exclusiones, cambios en la jornada, debilitamiento sindical y posibles inconstitucionalidades.
El proyecto de “modernización laboral” que impulsa el gobierno nacional volvió a encender la polémica. Mientras el oficialismo busca un tratamiento exprés en el Congreso, especialistas en derecho laboral y las centrales sindicales advierten que la iniciativa profundiza cambios ya introducidos en la primera reforma y representa un retroceso en derechos históricos de los trabajadores.
En diálogo con este medio, el abogado laboralista y ex camarista de Córdoba, César Arese, explicó que no se trata de una reforma aislada. “Ya hubo una primera reforma laboral el año pasado, con efectos muy importantes en el programa laboral argentino, y ahora se la profundiza”, señaló. Según detalló, el nuevo proyecto puede leerse en tres ejes: derecho individual del trabajo, derecho colectivo y un sistema de promoción del empleo.
En el plano individual, Arese advirtió que se ratifica y amplía la exclusión de sectores completos de la protección legal, como los trabajadores de plataformas digitales. “No solo repartidores: se excluye a un contingente que está en plena expansión en el mundo del trabajo”, remarcó. A esto se suma una mayor transferencia de poder al empleador, que podrá modificar condiciones laborales, negociar salarios de manera individual y redefinir la jornada, afectando horas extra, descansos y pausas entre turnos.
Uno de los puntos más sensibles es la negociación individual de la jornada laboral, algo que, según el ex camarista, choca con estándares internacionales.
“La jornada de trabajo es tiempo de vida. La OIT fijó límites hace más de 100 años y acá se habilita que esos topes se negocien individualmente”, advirtió, anticipando posibles planteos de inconstitucionalidad.
El aspecto colectivo es, para Arese, el más grave. El proyecto debilita el financiamiento sindical, reduce el peso de las convenciones colectivas y habilita que acuerdos individuales o por empresa prevalezcan sobre los convenios por actividad o región. “Eso permite perforar hacia abajo derechos conquistados desde los años 50 y rompe un modelo que fue ejemplo en el mundo”, afirmó. Además, se restringe el derecho de huelga, imponiendo altos porcentajes de actividad mínima incluso en conflictos laborales.
Desde una mirada federal, el impacto no es menor. En provincias con fuerte presencia de economías regionales, pymes y trabajo informal, la reforma podría acentuar asimetrías, debilitar la capacidad de negociación local y dejar a miles de trabajadores del interior sin herramientas colectivas frente a grandes empleadores o plataformas. Con sindicatos y centrales ya en estado de alerta y movilización, el debate promete escalar tanto en el Congreso como en la Justicia.