¿Pudo evitarse el doble femicidio? Laurta declara este jueves ante la Justicia de Córdoba
- Telediario Digital
- hace 3 horas
- 2 Min. de lectura
Actualizado: hace 2 horas
El principal acusado por el doble femicidio ocurrido en Córdoba, Pablo Daniel Laurta, se presentará este jueves a declarar de manera presencial ante la Fiscalía de Instrucción de Género y Violencia Familiar de Segundo Turno, a cargo del fiscal Gerardo Reyes. La audiencia está prevista para las 11 de la mañana en los tribunales de la capital provincial.
La defensa oficial de Laurta, representada por la abogada Alfonsina Muñiz, había solicitado que la indagatoria se realizara de manera presencial y no por videoconferencia. El pedido fue aceptado por el Ministerio Público Fiscal, que lo trasladó desde la cárcel de Cruz del Eje, donde permanece detenido bajo un estricto régimen de seguridad.
Laurta enfrenta graves acusaciones: homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso con homicidio “criminis causae” y sustracción de persona menor de edad. Se trata de delitos que prevén prisión perpetua.

El hecho que se le atribuye ocurrió el sábado 11 de octubre en una vivienda del barrio Villa Serrana de la ciudad de Córdoba. Allí fueron asesinadas Luna Giardina, de 27 años, y su madre, Mariel Zamudio. Ambas recibieron disparos en la cabeza. Tras el ataque, el acusado huyó junto a su hijo de cuatro años, fruto de su relación con Giardina, y fue detenido horas después en Entre Ríos.
Según el expediente, Luna había denunciado a Laurta en octubre de 2023 por violencia física, psicológica y sexual. Tenía otorgada una restricción de acercamiento y un botón antipánico, medidas que el hombre desobedeció en 2024. Luego de una breve detención y una pericia psicológica que consideró que comprendía la criminalidad de sus actos, recuperó la libertad en febrero de ese año.
Con la indagatoria prevista para este jueves, la Fiscalía buscará avanzar en la reconstrucción del crimen y determinar si existieron fallas en los mecanismos de protección a las víctimas. El caso conmocionó a Córdoba y reavivó el debate sobre la efectividad de las medidas judiciales frente a la violencia de género.