¿Medida para todos? El nuevo control cambiario y sus efectos reales en las provincias

En un momento de tensión económica y política, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a defender los recientes controles cambiarios implementados por el Banco Central, insistiendo en que “se cortó un kiosco de pocos” y que la medida favorece a todos los argentinos.

Pero ¿Qué implica realmente esta decisión para las economías regionales, los productores del interior y los ciudadanos alejados de las grandes capitales financieras?

Durante una entrevista televisiva, Caputo justificó la decisión de restringir por 90 días el acceso al dólar financiero para quienes operen en el mercado oficial. Según el funcionario, esta medida permitió que el Tesoro recomprara el 77% de los dólares liquidados por el campo, una cifra que cuadruplica los niveles del día anterior. “Compramos casi 1.400 millones de dólares. Esto fortalece el balance del Banco Central y se benefician todos los argentinos”, sostuvo.

El campo, entre el incentivo y la presión

Caputo destacó que el éxito de la operación estuvo directamente vinculado a la liquidación de divisas del sector agroexportador. Pero en los corredores rurales de provincias como Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa o Tucumán, muchos productores medianos y pequeños sienten que, una vez más, son la herramienta para sostener el equilibrio macroeconómico, sin obtener garantías claras sobre condiciones de estabilidad o incentivos a largo plazo.

Mientras los grandes exportadores encuentran formas de adaptarse a las reglas cambiantes, en los pueblos del interior los acopios, los contratistas rurales y los transportistas deben enfrentar costos crecientes, inflación persistente y mercados internos deprimidos. La brecha entre los dólares que produce el interior y los que se manejan en los centros financieros del país sigue siendo un punto ciego de la política económica.

Más allá de la Ciudad: el impacto en la vida cotidiana

Caputo aseguró que “contra diciembre de 2023, hoy a la mayoría de la gente le cuesta menos”. Pero en localidades como Esquina (Corrientes), Jesús María (Córdoba) o Añatuya (Santiago del Estero), la percepción es distinta. La suba acumulada de tarifas, la caída del consumo y el aumento del desempleo informal golpean con fuerza, en especial donde el Estado es uno de los principales empleadores o dinamizadores de la economía local.

La afirmación de que “sacamos de la pobreza a 12 millones de argentinos” contrasta con los datos que llegan desde comedores comunitarios, parroquias y organizaciones sociales que operan en barrios populares del interior profundo, donde el ajuste del gasto público nacional ha dejado huellas visibles.

Un proyecto de país, pero ¿para todo el país?

El ministro defendió el modelo del gobierno como un “proyecto de país”, en contraposición al “proyecto político” del peronismo. Pero desde ese proyecto aún no termina de expresar cómo se integra a las provincias, a las economías regionales, a los jóvenes que migran por falta de oportunidades o a los comerciantes que no acceden al crédito.

La idea de un país con menos impuestos y más libertad económica puede resultar atractiva en los centros urbanos, pero genera incertidumbre en provincias que dependen de obras públicas paralizadas, subsidios recortados o transferencias intergubernamentales en pausa.

La reconstrucción de reservas es importante, pero la legitimidad del ajuste dependerá de que sus beneficios lleguen más allá del microcentro.