Malvinas vuelve al centro del debate: Inversiones millonarias, rechazo oficial y una polémica abierta
- Telediario Digital
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La Cancillería expresó un enérgico rechazo al aval otorgado por las autoridades del archipiélago a petroleras británicas e israelíes para explotar un yacimiento offshore. Argentina advirtió que se trata de emprendimientos ilegales y contrarios a resoluciones de la ONU.
El Gobierno argentino expresó este jueves su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión superior a los 2.000 millones de dólares destinada a la exploración y explotación de petróleo en las Islas Malvinas, tras el aval otorgado por las autoridades del archipiélago a empresas extranjeras.
La luz verde fue concedida a las compañías Rockhopper Exploration, de origen británico, y Navitas Petroleum Development and Production Limited, de capitales israelíes, para avanzar en el desarrollo del yacimiento offshore Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.
A través de un comunicado, la Cancillería argentina reiteró que el país “no reconoce
competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia” para habilitar actividades hidrocarburíferas en áreas sujetas a disputa de soberanía. Además, subrayó que cualquier explotación unilateral de recursos naturales en la zona resulta contraria a las resoluciones de las Naciones Unidas que instan a retomar negociaciones entre ambas partes.
El contrapunto se da en un contexto político sensible: el presidente Javier Milei reconoció recientemente que mantiene negociaciones con Gran Bretaña para levantar el veto a la compra de armamento, vigente desde el final de la guerra de 1982. Un dato que reavivó debates sobre la estrategia diplomática argentina en torno a Malvinas.
Desde una mirada federal, el conflicto vuelve a poner sobre la mesa el acceso y control de recursos estratégicos que podrían impactar en el desarrollo energético del país y de las provincias productoras. La explotación offshore, en un escenario de soberanía plena, podría integrarse a una estrategia nacional de abastecimiento y generación de divisas, hoy condicionada por el diferendo diplomático.
Las empresas involucradas proyectan extraer unos 55.000 barriles diarios a partir de 2028. Frente a ese escenario, Argentina advirtió que desalienta la participación en estos emprendimientos y se reserva el derecho de ejercer todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y resguardar sus intereses soberanos, en un conflicto que promete nuevos capítulos en el plano político y económico.