Ley de “inocencia fiscal”: qué cambia y cómo impacta en trabajadores y ahorristas

El abogado tributarista Javier Sánchez Buteler explicó los alcances de la ley de “inocencia fiscal”, una de las iniciativas clave del Gobierno nacional para modificar la relación entre el fisco y los contribuyentes. Cambios en umbrales, prescripción, multas y el rol de los bancos.

La llamada ley de “inocencia fiscal” propone un cambio de paradigma en la relación entre el Estado y los contribuyentes.

En diálogo con Telediario Federal, Javier Sánchez Buteler, explicó que la norma parte de restablecer el principio de inocencia: dejar atrás la lógica por la cual todo comerciante o trabajador era considerado evasor hasta demostrar lo contrario.

Uno de los cambios más relevantes se da en el régimen penal tributario. La ley eleva de manera significativa los umbrales a partir de los cuales una conducta se considera delito. Hasta ahora, con montos muy bajos, cualquier ajuste podía derivar en una denuncia penal automática. Con la nueva normativa, ese piso se eleva, lo que —según el especialista— devuelve al derecho penal su carácter excepcional.

También se introducen modificaciones en la ley de procedimiento tributario. Se actualizaron multas por incumplimientos formales y se modificaron criterios vinculados a clausuras comerciales. Además, se incorporó un punto clave: la reducción del plazo de prescripción de cinco a tres años para quienes presenten y paguen sus declaraciones en tiempo y forma, siempre que no haya una fiscalización posterior que las cuestione.

El objetivo central, sostuvo, es generar confianza y previsibilidad. En ese marco, la ley apunta a que quienes tienen ahorros lícitos no declarados puedan volcarlos a la economía formal, sin que eso implique un blanqueo clásico o una exteriorización forzada de capitales. “No es un perdón general, sino una relajación de controles para que el fisco se concentre en grandes evasiones probadas y no en el contribuyente chico”, explicó.

Otro aspecto central es el llamado “tapón fiscal”, vinculado al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias. Este mecanismo busca impedir que el fisco pueda revisar períodos anteriores no prescriptos, una herramienta que apunta a disipar uno de los mayores temores históricos de los contribuyentes: que futuros cambios políticos reactiven inspecciones retroactivas.

Finalmente, Sánchez Buteler advirtió que el rol de los bancos sigue siendo una incógnita. La ley aún requiere reglamentación y las entidades financieras continúan sujetas a normas de prevención de lavado que les exigen pedir información sobre el origen de los fondos. “Hasta que no haya reglas claras, la implementación real de la ley va a seguir generando dudas”, concluyó.