Ley de glaciares: arranca en el Congreso el debate por la adecuación ambiental y minera

El Gobierno impulsa cambios en la Ley de Glaciares bajo el argumento de una “aclaración técnica”, mientras organizaciones ambientales y especialistas advierten que se trata de un retroceso que pone en riesgo el agua y las economías regionales.

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El Congreso Nacional inició el debate por una posible modificación de la Ley de Glaciares, una norma clave del sistema ambiental argentino y reconocida a nivel internacional por la protección de los reservorios de agua dulce. La discusión se da en comisiones, en el marco de las sesiones extraordinarias, y vuelve a encender una fuerte disputa entre el modelo extractivo que impulsa el Ejecutivo y las advertencias de científicos, ONG y comunidades cordilleranas.

La Ley de Glaciares establece presupuestos mínimos para resguardar glaciares y ambientes periglaciares, zonas estratégicas para la regulación del ciclo hídrico. De esos ecosistemas dependen directamente más de siete millones de personas en el país, además de actividades productivas regionales como la agricultura y la ganadería.

Según el Gobierno, la iniciativa busca “ordenar” y “aclarar” criterios técnicos; para el ambientalismo, implica flexibilizar prohibiciones que hoy limitan el avance de la minería y otras actividades extractivas.

En diálogo con este medio, la periodista especializada en cambio climático Tais Gadea Lara advirtió que el proyecto “vacía el espíritu de la ley” al habilitar mayor discrecionalidad provincial sobre qué áreas deben ser protegidas y cuáles pueden quedar fuera del inventario oficial.

“Eso abre conflictos de intereses y debilita una norma que fue construida para cuidar el agua en contextos de sequía y crisis climática”, explicó.

El debate vuelve a poner en el centro la discusión por el federalismo y el control de los recursos naturales. Desde el oficialismo se argumenta que las provincias deben tener mayor poder de decisión, pero las ONG señalan que, en muchos casos, esa autonomía se tradujo en falta de transparencia y en habilitaciones exprés para proyectos extractivos, como ocurre con el litio o el cobre en distintas regiones del país.

Más allá del enfoque ambiental, Gadea Lara remarcó que el impacto es también económico y social: afectar glaciares y ambientes periglaciares pone en riesgo el acceso al agua, base de las economías regionales.

“No es una discusión verde abstracta. Sin agua no hay producción ni trabajo”, sostuvo, en línea con el lema que volvió a escucharse en movilizaciones y reclamos ciudadanos.

Con un posible tratamiento previsto para después de Navidad, el debate por la Ley de Glaciares promete ser uno de los ejes de mayor tensión de fin de año en el Congreso. Una discusión que excede lo técnico y vuelve a plantear una pregunta de fondo: qué modelo de desarrollo se piensa para el país y quién paga los costos ambientales de ese camino.