Imputaron a la rectora y a diez autoridades más por la causa de los laboratorios

La Justicia Federal amplió el número de imputados en la causa que investiga el presunto uso privado de laboratorios de la Universidad Nacional de Río Cuarto. La nómina incluye a la rectora, Marisa Rovera, y a otras 10 autoridades de distintas áreas de la casa de estudios.

Un nuevo capítulo se abrió en la causa judicial que conmociona a la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC). Según confirmó la Fiscalía Federal, son 11 las nuevas autoridades imputadas, entre ellas la rectora de la institución, Marisa Rovera, en el marco de la investigación que indaga sobre la utilización indebida de laboratorios e insumos de la Facultad de Ciencias Exactas para fines privados.

Fuentes judiciales indicaron que las nuevas imputaciones solicitadas por el fiscal Rodolfo Cabanillas no están vinculadas directamente con la realización de análisis en los laboratorios, sino con el desempeño y la responsabilidad de las autoridades cuando aparecieron los primeros indicios de las irregularidades.

Antecedentes del caso

La investigación comenzó a fines de 2024 a partir de denuncias realizadas por una docente de la UNRC. En abril de este año, el juez federal Carlos Ochoa procesó sin prisión preventiva a cinco docentes e investigadores —Oscar Masciarelli, Lucas Gallarato, Analía Llanes, Julia Iparaguirre y Judith Reynaga— acusados de peculado, administración infiel y defraudación en perjuicio de la administración pública.

Según la acusación, estos investigadores habrían utilizado laboratorios, insumos y equipos de alta complejidad para realizar trabajos privados bajo una estructura paralela que llegó a operar bajo el nombre de fantasía “A&B Agrobiotech Diagnóstica”. Se habrían ofrecido análisis biotecnológicos y microbiológicos a empresas privadas, generando un perjuicio económico directo para la universidad.

La Justicia también procesó a Gabriel Aguilar Mansilla, un técnico externo acusado de encubrimiento, y ordenó un embargo millonario sobre los bienes de todos los imputados.

La nueva etapa de la investigación

Con la ampliación de imputaciones, que ahora alcanza a 16 personas en total, la causa entra en una nueva fase de profundización que podría derivar en procesamientos para las autoridades. El juez Ochoa será quien defina los próximos pasos tras evaluar las pruebas presentadas por el fiscal.

Hasta el momento, desde la conducción de la UNRC evitaron hacer declaraciones públicas, señalando que aún no recibieron las notificaciones formales de la Justicia.

El caso generó un fuerte impacto en la comunidad académica de Río Cuarto y volvió a poner en debate los mecanismos de control sobre el uso de recursos científicos financiados por el Estado.

La imputación de la rectora y de otras autoridades marca un giro significativo en la investigación, que deja de estar focalizada solo en los investigadores acusados y comienza a indagar en las responsabilidades institucionales frente a las denuncias.