“Hay una crisis de representación”: la reacción tras la aprobación de San Jorge en plena sequía mendocina
- Telediario Digital
- hace 24 horas
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El Senado mendocino aprobó por 29 votos contra 6 la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto San Jorge, la primera megamina autorizada con la ley 7722 vigente. Mientras el gobierno habla de “transparencia” y “participación ciudadana”, asambleas socioambientales denuncian una crisis de representación, censura de informes técnicos y riesgos graves para la cuenca del río Mendoza y las economías regionales aguas abajo.
El Senado de Mendoza le dio luz verde al proyecto minero San Jorge con 29 votos a favor y 6 en contra,
en una sesión rodeada de vallas y de una fuerte movilización en defensa del agua. Se trata de la primera megamina que obtiene aprobación legislativa con la ley 7722 vigente, en una provincia que atraviesa una crisis hídrica “extremadamente crítica” según advierten especialistas y organizaciones socioambientales.
Mientras adentro de la Legislatura se cerraba el acuerdo político, afuera unas 20.000 personas marchaban unos 6 kilómetros por las avenidas mendocinas, en una nueva postal del histórico conflicto entre el Estado provincial y las comunidades que defienden el agua.
“Probablemente va a seguir la expresión del repudio de la sociedad mendocina”, advirtió el geógrafo Marcelo Giraud, integrante de la Asamblea por el Agua, en diálogo con el ciclo televisivo Grito Ambiental.
Giraud habló de una “crisis de representación” y señaló que los legisladores no reflejaron lo ocurrido en las calles ni en las audiencias públicas. Según su análisis, el gobierno “cumplió en lo formal” con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, pero “en lo sustancial se violó en reiteradas ocasiones”.
Recordó que el dictamen técnico de la Universidad Nacional de Cuyo, de 186 páginas, fue reducido a apenas tres antes de ser remitido a la empresa, recortando buena parte de las objeciones planteadas por un equipo interdisciplinario de 23 profesionales.
El geógrafo también denunció la censura de un documento crítico elaborado por investigadores de Conicet Mendoza, cuyo resumen fue publicado y luego dado de baja de la web del organismo en plena discusión legislativa.
A esto se suma, según Giraud, el modo en que se manejó el acceso a la información: un expediente de más de 9.000 páginas subido a internet sin orientación mínima y sin incorporar informes clave, como el de un reconocido geólogo de la UBA o una carta con más de 300 firmas de vecinos que pedían la audiencia pública en Uspallata, la localidad directamente afectada.
Para las asambleas, el conflicto no es solo ambiental: es también político y económico. San Jorge se ubica en cabecera de la cuenca del río Mendoza, de la que dependen tres de cada cuatro habitantes de la provincia y los oasis agroindustriales aguas abajo. Una megamina en esa zona implica disputar agua con la producción agrícola y con las ciudades, en un contexto de sequía prolongada.
La discusión sobre “diversificar la matriz productiva” y atraer inversiones choca de frente con el riesgo de convertir a los territorios cordilleranos en zonas de sacrificio al servicio del extractivismo.
El antecedente de 2019 —cuando la presión social obligó a dar marcha atrás con la reforma de la ley 7722— sobrevuela cada análisis. Giraud anticipa que la aprobación de San Jorge será llevada a la Justicia mediante recursos de amparo y pedidos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte provincial.
A eso se suma la duda sobre la “licencia social” que evaluarán los propios inversores: un proyecto aprobado por amplia mayoría legislativa, pero con masivas marchas en contra y denuncias de opacidad en el proceso. El escenario, advierten desde las asambleas, “sigue abierto” y la disputa por el agua en Mendoza vuelve a instalarse como un problema federal que miran de cerca otras provincias cordilleranas.
