¿Hay margen para pagar la deuda y reformar el sistema laboral sin frenar a las PYMES?
- Telediario Digital
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El Gobierno busca cumplir con los vencimientos de deuda con recursos propios mientras impulsa cambios en el régimen laboral. En el centro del debate aparece el impacto de los juicios, la previsibilidad para invertir y el delicado equilibrio entre derechos y empleo.
El Gobierno nacional atraviesa una semana clave en materia económica: enfrenta vencimientos de deuda, apuesta a una reacción positiva de los mercados y, en paralelo, vuelve a poner sobre la mesa la reforma o “modernización” laboral. La señal oficial es clara: no habrá default y los compromisos se cumplirán, incluso utilizando recursos propios si fuera necesario.
Tras la aprobación del Presupuesto, el equipo económico que encabeza Luis Caputo confía en que los mercados acompañen con una mejora en bonos y acciones. La expectativa oficial es sostener el sendero fiscal y avanzar hacia una inflación en baja durante 2026, aunque analistas advierten que llegar a niveles cercanos a cero no será sencillo y tendrá costos económicos y sociales.
En ese contexto, reaparece con fuerza el debate sobre la reforma laboral y el peso de la llamada “industria del juicio”. Casos concretos muestran cómo profesionales o pequeños emprendedores terminan involucrados en litigios laborales aun sin haber sido empleadores directos. Para el sector empresario, especialmente pymes y economías regionales, este escenario genera miedo, imprevisibilidad y frena nuevas inversiones.
Los números alimentan la polémica: Argentina registra más del doble de juicios laborales que países como Chile, y estimaciones privadas calculan que el costo total —entre litigios y previsiones— puede representar hasta el 1,5% del PBI. Ese dinero, advierten, podría destinarse a productividad, empleo y desarrollo federal en lugar de quedar inmovilizado en procesos judiciales largos.
Sin embargo, especialistas también alertan sobre el riesgo de ir “de un extremo al otro”. La legislación laboral nació para proteger al trabajador, la parte más débil de la relación, y una reforma mal diseñada podría dejar desamparados a sectores vulnerables, mujeres, trabajadores con licencias médicas o situaciones de discriminación laboral.
El desafío del Gobierno será encontrar un punto de equilibrio: reducir los incentivos a la litigiosidad abusiva sin recortar derechos básicos, dar previsibilidad a quienes invierten y, al mismo tiempo, sostener el empleo en las provincias. La discusión recién empieza y promete convertirse en uno de los ejes económicos y políticos del año próximo.