Fue a tramitar la residencia y terminó 10 días presa en EE.UU
- Telediario Digital
- hace 3 horas
- 2 Min. de lectura
Felicitas Lauría, de 22 años, fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante una entrevista clave para obtener la residencia en California. Estuvo 10 días encerrada y encadenada. Su caso expone el impacto humano de la nueva política migratoria estadounidense sobre jóvenes migrantes argentinos.
El 25 de noviembre, Felicitas Lauría asistió junto a su esposo estadounidense a la entrevista final para obtener la residencia permanente. Lejos de ser un trámite más, ese día terminó con su detención y traslado a un centro del ICE, donde permaneció 10 días privada de la libertad, esposada y bajo condiciones que su familia calificó de inhumanas.

La joven había llegado a Estados Unidos a comienzos de 2023 mediante el programa Au Pair, con visa de trabajo por dos años. A los pocos meses conoció a Marcus, se casaron en febrero de 2025 e iniciaron el proceso legal de ajuste de estatus. Tenía permiso de trabajo, empleo formal y ningún antecedente.
Según relató su madre, Mariana Lozita, durante la entrevista Felicitas reconoció que su visa estaba vencida, pero aclaró que estaba amparada por el trámite migratorio en curso. Aun así, agentes del ICE ingresaron a la oficina y la arrestaron. “Los estaban esperando a todos”, sostuvo, al describir un operativo simultáneo sobre otros migrantes.
El encierro incluyó traslados, incomunicación durante las primeras 48 horas, suspensión de medicación y el uso permanente de cadenas
“No le sacaban las esposas ni para ir al baño”, contó su madre.
Tras pagar una fianza de 1500 dólares, fue liberada con tobillera electrónica, que recién pudo quitarse días después por indicación médica.

El caso de Felicitas no es aislado. Se inscribe en un endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos que afecta de manera directa a jóvenes argentinos que migran bajo programas legales y luego forman familia. Desde provincias del interior, sin redes diplomáticas ni respaldo económico, la vulnerabilidad es mayor.
Para muchas familias de Córdoba y otras provincias, estas experiencias reavivan el debate sobre la protección consular, el acompañamiento estatal y el alcance real de los programas de intercambio que promueven la movilidad juvenil.
La audiencia clave para definir su estatus migratorio está prevista para el 11 de marzo de 2026. Mientras tanto, Felicitas volvió a trabajar y retomó sus estudios. El miedo persiste: una resolución adversa implicaría la deportación y la separación de su marido.

