Frugoni dejó su cargo luego de que revelaran siete propiedades y sociedades no declaradas en el exterior
- Telediario Digital
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El exsecretario de Coordinación de Infraestructura dejó su cargo tras una investigación que reveló bienes y sociedades no declaradas en Estados Unidos. La polémica reaviva cuestionamientos sobre los controles del Estado y la desigualdad en las exigencias fiscales.
La salida de Carlos María Frugoni del Ministerio de Economía se produjo en medio de un fuerte escándalo político y judicial. El ministro Luis Caputo aceptó su renuncia luego de que una investigación periodística expusiera la omisión de siete departamentos en Miami en su declaración jurada.
A esos inmuebles se suman dos sociedades comerciales en el exterior que tampoco fueron informadas ante la Oficina Anticorrupción ni la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. La situación tomó mayor gravedad cuando el propio Frugoni reconoció que “cometió un error” al no incluir estos activos, en medio de una creciente presión pública y judicial.
El exfuncionario había llegado recientemente al cargo tras desempeñarse en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Su rápida salida deja al descubierto tensiones dentro del esquema de control patrimonial del Estado, en un contexto donde la transparencia de los funcionarios vuelve a estar bajo la lupa.
El caso no solo sacude al Gobierno nacional, sino que reabre un debate más profundo: la desigualdad en los controles fiscales entre dirigentes y ciudadanos comunes. Mientras en muchas provincias los contribuyentes enfrentan fuertes exigencias impositivas y controles rigurosos, estos episodios alimentan la percepción de privilegios en sectores del poder central.
En economías regionales golpeadas por la presión tributaria y la falta de financiamiento, este tipo de escándalos erosiona aún más la confianza institucional. Gobernadores y actores productivos suelen reclamar mayor equidad y transparencia, especialmente cuando los recursos nacionales se distribuyen con tensiones entre Nación y provincias.
La causa judicial avanza con una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa. El desenlace podría tener impacto político y marcar un precedente sobre el alcance real de los controles patrimoniales.
