Emergencia en Discapacidad: el Gobierno promulgó la ley, pero suspende su aplicación hasta definir su financiamiento

El Ejecutivo nacional oficializó la Ley 27.793 que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, pero advirtió que la norma no se ejecutará hasta que el Congreso precise las fuentes de fondos necesarias para cubrir los costos que implica su puesta en marcha.

Qué establece la ley

• La norma fue sancionada por el Congreso tras rechazar el veto presidencial, y fue promulgada mediante el Decreto 681/2025, con publicación oficial en el Boletín Oficial.
  

• Declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más.
  

• Busca garantizar derechos básicos para las personas con discapacidad: nivel de vida adecuado, salud, habilitación, rehabilitación, protección social, inclusión educativa y laboral.
  

Financiación provisorio y condición para su puesta en marcha

• Aunque la ley ya fue promulgada, su aplicación está suspendida hasta que el Congreso incluya en el Presupuesto Nacional las partidas específicas que permitan cubrir las erogaciones que exige la norma
  

• El Ejecutivo sostuvo que el proyecto original “omitió señalar” con precisión de dónde saldrán los fondos
  

• Se estima que el costo de implementación llegará a los $3.019.508.900.000, lo que equivale al 0,35 % del PBI, incluyendo nuevas pensiones por discapacidad, atención médica bajo pensiones no contributivas, actualización de aranceles a prestadores, entre otros componentes
  

  

  
  

Qué harán mientras tanto

• A pesar de la suspensión de la ejecución completa, el Gobierno dispuso mediante la Decisión Administrativa 24/2025 una readecuación presupuestaria para reforzar fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Esto apunta a la actualización de los pagos a prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a partir del 1° de octubre.

• Se reasignan créditos desde partidas del Tesoro Nacional para hacer frente a gastos inmediatos e impostergables.
  

Tensiones y críticas

• Quienes apoyan la ley advierten que, sin financiamiento claro y sin reglas operativas definidas, la norma podría quedar como un anuncio formal sin impacto real.
  

• Hay preocupación entre organizaciones que representan a personas con discapacidad, sobre la demora en que los beneficios lleguen a quienes los necesitan.
  

• Otro punto de tensión es la necesidad de previsibilidad para prestadores, que reclaman actualización de aranceles y fondos para hacer sostenibles sus servicios.
  

  

Próximos pasos

• Que el Congreso incluya las partidas necesarias en el Presupuesto 2026 será clave para que la ley comience a aplicarse.
  

• Reglamentación: la ley prevé que se reglamente dentro de los 30 días de su sanción, lo que implica definir criterios técnicos, operativos, plazos, responsabilidades institucionales, etc.
  

• Seguir la evolución de los recursos disponibles y las reasignaciones presupuestarias será esencial para evaluar si lo previsto en la norma puede plasmarse concretamente.