El primer imputado rompió el silencio y apuntó hacia arriba en la causa por coimas en discapacidad
- Telediario Digital
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En su primera declaración pública, el imputado Martín Caracciolo aseguró que actuó bajo instrucciones del funcionario Daniel María Garbelli. La trama de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad suma capítulos y abre un nuevo frente político con impacto federal, dado el alcance de los programas comprometidos.
El caso de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad sumó un giro clave este martes: el primer imputado, Martín Caracciolo, rompió el silencio y afirmó que solo cumplía órdenes de Daniel María Garbelli.
La declaración, difundida tras su citación judicial, tensiona aún más una investigación que ya expone fallas graves en el manejo de fondos destinados a uno de los sectores más vulnerables del país.
Según reveló Infobae, Caracciolo relató que “no actuaba por cuenta propia” y que los movimientos que hoy están bajo la lupa respondían a indicaciones directas de Garbelli, quien ocupaba un rol estratégico dentro del organismo. La causa analiza maniobras para agilizar expedientes, direccionar prestaciones y exigir pagos indebidos a cambio de trámites que deberían ser gratuitos y accesibles.
El escándalo vuelve a poner en foco el funcionamiento de organismos nacionales que tienen impacto territorial en todo el país. La Agencia Nacional de Discapacidad administra programas y prestaciones que dependen de una red federal de centros de salud, municipios y provincias.
Además, el caso desata tensiones políticas en un momento sensible. Gobernadores y organizaciones provinciales ven con preocupación que irregularidades burocráticas, decisiones centralizadas y posibles actos de corrupción en Buenos Aires terminen afectando el acceso a certificados, pensiones y apoyos básicos en el interior. No es la primera vez que un escándalo nacional expone la distancia entre el AMBA y las realidades regionales.
De avanzar la investigación con nuevas declaraciones y medidas, el expediente podría derivar en más imputaciones e incluso en revisiones administrativas dentro de la Agencia. En paralelo, crecientes reclamos sociales exigen auditorías profundas y mecanismos de control más vinculados a las provincias. La pregunta ahora es si la causa seguirá escalando y qué implicancias tendrá en la estructura de uno de los organismos más sensibles del Estado.