Encubrimiento, poder y responsabilidades: El nuevo giro judicial en el caso Blas Correas

La fiscalía pidió la elevación a juicio de once funcionarios públicos por las maniobras posteriores al crimen del adolescente asesinado en 2020. La investigación apunta a encubrimientos, abusos de autoridad y presuntas dádivas para desviar la causa.

La causa por el asesinato de Valentino Blas Correas sumó este viernes un capítulo clave: la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico de 2° Nominación solicitó elevar a juicio a once funcionarios públicos por su presunto rol en el encubrimiento del crimen ocurrido el 6 de agosto de 2020 en la ciudad de Córdoba. El pedido fue formulado por el fiscal Franco Mondino, tras meses de investigación.

Entre los imputados se encuentran el exministro de Seguridad de la provincia, Alfonso Fernando Mosquera; el exsubsecretario de Coordinación y Planificación Estratégica, Lucas Sebastián Mezzano —actual integrante del Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad—; y el excomisario mayor Gonzalo Leonardo Cumplido, quien era subdirector general de Seguridad de la Policía de Córdoba al momento de los hechos.

La investigación se activó luego de la sentencia de la Cámara Octava del Crimen, que condenó a los autores del homicidio y ordenó profundizar sobre la conducta de funcionarios y policías que intervinieron después del ataque. Según la fiscalía, existieron maniobras destinadas a desviar la investigación y proteger a los responsables del llamado caso de “gatillo fácil”.

Entre los hechos imputados figuran el abuso de autoridad y la omisión de auxilio por parte de siete policías que participaron del control vehicular en avenida Chacabuco y Corrientes, donde Blas fue baleado. También se juzgará un episodio de lesiones contra la joven que viajaba con él y un presunto encubrimiento agravado vinculado al “plantado” de un arma en la escena del crimen.

Uno de los puntos más sensibles es la acusación contra el exministro Mosquera, señalado como autor de ofrecer y entregar un vehículo oficial, con seguro y combustible, al entonces jefe policial Cumplido, con Mezzano como partícipe necesario. Para la fiscalía, se trató de una dádiva en el contexto de las derivaciones políticas y judiciales del caso.

Si bien algunos antecedentes fueron archivados y otros continúan en revisión, la elevación a juicio marca un nuevo impacto institucional. A más de cuatro años del crimen que conmocionó a Córdoba y al país, la causa Blas Correas vuelve a poner bajo la lupa a la responsabilidad política y policial, y abre un escenario judicial que promete volver a sacudir a la provincia.