El arzobispado de Córdoba cuestionó la prohibición de los “naranjitas” y apuntó contra la provincia
- Telediario Digital
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Desde el Arzobispado advirtieron que prohibir el trabajo en la vía pública “no es la solución” y reclamaron políticas de inclusión. El planteo abre un nuevo foco de debate entre lo social, lo legal y la seguridad urbana.
La Iglesia de Córdoba salió a cuestionar con dureza la decisión del Gobierno provincial de avanzar contra los llamados “naranjitas” y puso el foco en el trasfondo social del conflicto.
A través de un documento titulado “Ciudades para todos”, el Arzobispado planteó que la prohibición de esta actividad no resuelve el problema de fondo y puede agravar la exclusión.
“El trabajo popular no es el problema, sino parte de la solución”, remarcaron desde la Pastoral Social, al advertir que detrás de esta realidad hay un contexto económico que empuja a miles de personas a buscar ingresos en la informalidad. En ese sentido, señalaron que la llamada “cultura del descarte” genera sectores cada vez más marginados del sistema.
El documento también pone en discusión la competencia de la medida. Según el Arzobispado, se trata de una problemática “propia del ámbito municipal”, ya que en la ciudad de Córdoba existen ordenanzas vigentes que regulan el estacionamiento medido y contemplan la participación de cooperativas. De hecho, destacan que actualmente hay estructuras organizadas que agrupan a cientos de trabajadores y permiten cierto orden en la actividad.
Desde la Iglesia, el planteo no niega los conflictos asociados a los “naranjitas”, como hechos de inseguridad o situaciones de abuso. Sin embargo, advierten que “no se puede meter todo en la misma bolsa” y que esas problemáticas deben abordarse de manera diferenciada.
En esa línea, sostienen que eliminar la actividad sin ofrecer alternativas laborales puede empujar a sectores vulnerables hacia escenarios aún más críticos. Incluso, citan una advertencia directa: si retrocede la economía popular, puede avanzar la economía delictiva.
El documento cierra con un llamado a un abordaje integral: el Estado —en todos sus niveles— debe regular, ordenar y generar oportunidades, en lugar de prohibir sin soluciones de fondo. La postura de la Iglesia suma presión en una discusión que recién empieza y que promete escalar en la agenda pública.