Diputados aprobó el recorte de zona fría y Córdoba queda entre las provincias que podrían perder el beneficio

Con 132 votos afirmativos, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto impulsado por el Gobierno nacional que modifica el régimen de Zona Fría y reduce subsidios al gas. La iniciativa avanza tras un acuerdo político con provincias del norte y ahora deberá ser debatida en el Senado. Córdoba aparece entre las jurisdicciones más afectadas por la exclusión del beneficio.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la modificación del régimen de subsidios al gas natural por Zona Fría y le dio media sanción a uno de los proyectos energéticos más sensibles del año. La votación terminó con 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones, en una sesión atravesada por negociaciones de último momento entre la Casa Rosada y gobernadores del norte argentino.

El oficialismo defendió la medida bajo el argumento de ordenar el gasto público y reducir subsidios que considera “distorsivos”. Según los cálculos oficiales, el cambio permitirá un ahorro fiscal de $272.099 millones. Pero detrás del número aparece un debate mucho más profundo: quién paga el costo del ajuste energético y cómo se redistribuyen los beneficios entre regiones del país.

La iniciativa restringe el esquema histórico de Zona Fría y deja el descuento de hasta el 50% del gas únicamente para Patagonia, Malargüe y la Puna, eliminando la ampliación aprobada en 2021 que había incorporado a provincias como Córdoba, Santa Fe, San Luis y gran parte de Buenos Aires. Esa expansión había llevado el universo de beneficiarios de 950 mil a cerca de 4 millones de hogares, bajo criterios climáticos y bioambientales.

Para conseguir los votos necesarios, el Gobierno negoció una compensación energética orientada a provincias del norte mediante beneficios vinculados al consumo eléctrico en zonas cálidas. Esa ingeniería política terminó siendo determinante para alcanzar la media sanción. El mensaje oficial fue que el esquema deja atrás los “subsidios indiscriminados” para pasar a una asistencia focalizada.

Desde el oficialismo defendieron que quienes realmente necesiten ayuda podrán conservarla mediante el nuevo Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). También seguirían contemplados hogares con ingresos equivalentes hasta tres Canastas Básicas Totales, beneficiarios del ReNaBaP, excombatientes de Malvinas y personas con Certificado Único de Discapacidad.

Sin embargo, la oposición denunció que el cambio constituye un “tarifazo encubierto”. Legisladores advirtieron que miles de usuarios pasarían a enfrentar aumentos importantes en sus boletas y cuestionaron que el nuevo cálculo del subsidio también modifica componentes del servicio como transporte y distribución. Durante el debate se exhibieron ejemplos concretos de hogares que podrían duplicar el peso del gasto energético sobre sus ingresos.

Cómo votaron los diputados cordobeses

En Córdoba, el resultado dejó una fractura política clara.

Votaron a favor del proyecto:

• Gabriel Bornoroni (LLA)

• María Cecilia Ibáñez (LLA)

• Luis Picat (LLA)

• Laura Rodríguez Machado (LLA)

• Enrique Lluch (LLA)

• Marcos Patiño Brizuela (LLA)

• María Celeste Ponce (LLA)

• Gonzalo Roca (LLA)

• Belén Avico (LLA)

• Laura Soldano (LLA)
  

Votaron en contra:

• Carlos Gutiérrez (Provincias Unidas)

• Alejandra Torres (Provincias Unidas)

• Ignacio García Aresca (Provincias Unidas)

• Juan Brügge (Provincias Unidas)

• Carolina Basualdo (Provincias Unidas)

• Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba)

• Gabriela Estévez (Unión por la Patria)
  

Juan Schiaretti estuvo ausente.

La votación se produjo después de varios días de presión política desde Córdoba. El gobernador Martín Llaryora había advertido que eliminar el beneficio implicaría un impacto directo sobre cientos de miles de hogares y cuestionó que decisiones energéticas de alcance nacional vuelvan a concentrar ventajas y costos de manera desigual entre regiones.

Ahora el expediente pasará al Senado, donde el peso político de las provincias es mayor y donde se anticipa una nueva ronda de negociaciones. El debate dejó instalada una pregunta que excede el costo del gas: si la política energética debe construirse sobre criterios fiscales o sobre las diferencias reales que existen entre territorios que enfrentan condiciones climáticas y económicas muy distintas.