Debate por la minería: Nuevas leyes reactivan la explotación de cobre y el control ambiental

Tras la sanción de cuatro leyes que habilitan y regulan la explotación de cobre en San Jorge, el Gobierno provincial afirma estar “plenamente preparado” para controlar la actividad minera. Ambientalistas mantienen sus reparos en un contexto de crisis hídrica y exigen garantías. El proyecto promete empleo, divisas y un cambio en la matriz productiva de la región.

Mendoza blindó por ley su proyecto de cobre más ambicioso y encendió un nuevo capítulo en el debate minero de la región. Con un apoyo político contundente —incluida buena parte de la oposición— la Legislatura aprobó cuatro normas que habilitan el desarrollo del yacimiento San Jorge y consolidan una política de Estado que el gobierno de Alfredo Cornejo impulsa desde hace años.

Jerónimo Shantal, director de Minería provincial, aseguró en diálogo con Teleo Federal que la provincia “está totalmente preparada para ejercer el control” de la actividad. Según dijo, el Estado se fortaleció con equipos técnicos, profesionales y un nuevo marco de fiscalización ambiental.

“Durante muchos años se restringió el ingreso de la minería por culpa de muchos mitos”, afirmó, señalando que la resistencia social no respondía a un antecedente concreto, sino al temor al cambio.

El funcionario subrayó que el proceso incluyó una participación ciudadana inédita: diez días de audiencia pública, talleres, presentaciones de organismos técnicos, revisión de más de 10.000 fojas y consultas con comunidades originarias. Sin embargo, las organizaciones ambientalistas sostienen sus alertas en medio de la crisis hídrica que atraviesa Mendoza. El agua —recordó Shantal— es el límite infranqueable: “Estamos preparados y lo vamos a exigir. La comunidad puede participar de los controles”.

El proyecto San Jorge prevé producir 40.000 toneladas de cobre durante un ciclo de 16 años, con posibilidad de extenderse una década más. La prometida generación de empleo —directo e indirecto— y salarios por encima de la media nacional vuelve a poner sobre la mesa una discusión federal: ¿cómo se integran las provincias cordilleranas a la transición energética global sin reproducir viejos esquemas extractivos que dejan poco en los territorios?

Alineado con la Nación y con otras provincias mineras como San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta, Mendoza apuesta a posicionarse en la “mesa del cobre”. El oficialismo plantea que la transición hacia energías renovables exige más minerales estratégicos, mientras que sectores críticos insisten en que la protección del agua debe prevalecer sobre cualquier plan de desarrollo. El debate recién empieza, y las tensiones entre los objetivos económicos y los reclamos socioambientales anticipan que la implementación será tan desafiante como decisiva.

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