Córdoba prueba drones de última generación y se enciende la pelea política por la seguridad
- Telediario Digital
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El gobierno provincial avanza con la prueba de drones de alta tecnología para combatir el delito y prevenir incendios, mientras la oposición cuestiona el gasto y el mecanismo de compra. Desde el oficialismo denuncian “obstrucción política” y defienden el impacto en la seguridad y el interior provincial.
La provincia de Córdoba comenzó a probar drones de última generación para tareas de seguridad, prevención del delito y control territorial, y la decisión desató una fuerte disputa política. El eje del conflicto gira en torno al costo del contrato, el uso de la tecnología y el rol de la oposición en el debate sobre seguridad pública.
El ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, salió al cruce de las críticas y calificó los cuestionamientos como “politiquería barata”. Según sostuvo, la oposición mantiene una postura sistemática de rechazo a políticas clave:
“Votaron en contra de la circunvalación de Río Cuarto, de las fiscalías antinarcotráfico, de universidades en el interior y ahora se oponen a que la policía tenga drones de última tecnología”.
Desde el Gobierno explicaron que los drones —fabricados en Brasil y comercializados en Argentina— cuentan con autonomía de hasta 200 kilómetros, varias horas de vuelo y sistemas de inteligencia artificial. Entre sus funciones se incluyen la detección temprana de incendios, persecuciones aéreas, reconocimiento facial, lectura de patentes y búsqueda de personas desaparecidas, herramientas que ya utilizan fuerzas de seguridad en otros países.
Siciliano remarcó además que la adquisición se realiza mediante licitación pública y con todos los controles legales. En ese sentido, contrastó el proceso provincial con compras directas realizadas por el Gobierno nacional en materia de defensa, y cuestionó el silencio opositor en esos casos.
“En Córdoba se cumplieron todos los pasos y hubo más de 70 firmas avalando el expediente”, aseguró.
Desde una mirada federal, el oficialismo sostiene que esta tecnología no solo impacta en las grandes ciudades, sino también en zonas rurales y del interior profundo, donde la prevención del delito, los incendios forestales y la búsqueda de personas suelen enfrentar mayores dificultades por falta de recursos. La discusión, advierten, excede el gasto y se inscribe en un modelo de Estado presente o ausente en materia de seguridad.
El debate promete escalar en la Legislatura y en el escenario político provincial, donde la seguridad se consolida como uno de los temas centrales. Mientras el Gobierno defiende la incorporación de tecnología para “estar un paso adelante del delito”, la oposición insiste en revisar costos y alcances. La pulseada recién empieza.