Córdoba impulsa sanciones por no vacunar a menores y refuerza la obligatoriedad del calendario Nacional

El Gobierno de Córdoba impulsa una modificación del Código de Convivencia para sancionar a quienes no garanticen la vacunación obligatoria de menores de 18 años. La iniciativa refuerza una obligación ya establecida por ley nacional.

El Gobierno de Córdoba avanza con un proyecto para incorporar sanciones a los adultos responsables que omitan la vacunación obligatoria de niños, niñas y adolescentes. La iniciativa propone modificar el Código de Convivencia Ciudadana e incluir esta conducta como una falta sancionable, en línea con la Ley Nacional 27.491.

El proyecto prevé la incorporación del artículo 75 bis a la Ley 10.326 y establece sanciones que van desde multas económicas hasta cinco días de arresto o su equivalente en tareas comunitarias. El foco no está puesto en debates ideológicos, sino en el incumplimiento de un deber legal vigente en todo el país.

El ministro de Salud provincial, Ricardo Pieckenstainer, explicó que la iniciativa apunta a “retomar la buena senda del uso de las vacunas” y a reforzar conductas saludables.

“Buscamos que nos protejamos contra enfermedades que estaban erradicadas y otras que aún siguen circulando”, sostuvo.

En Argentina, la Ley 27.491 define a las vacunas del Calendario Nacional como un bien social y un derecho irrenunciable, además de una obligación legal. Todas las personas que viven en el país deben cumplir con el esquema, y los adultos responsables tienen el deber de garantizar que los menores reciban las dosis en tiempo y forma.

Desde una mirada federal, la discusión atraviesa a todas las provincias por igual. En Córdoba, como en el resto del país, las vacunas son gratuitas y se aplican en más de 800 vacunatorios públicos distribuidos en todo el territorio. El desafío no es la falta de acceso, sino la caída en las coberturas, un fenómeno que impacta con mayor fuerza en sectores vulnerables y en localidades alejadas de los grandes centros urbanos.

La iniciativa abre un debate sensible entre salud pública, derechos individuales y responsabilidades legales. Mientras el proyecto avanza, el Gobierno provincial busca enviar una señal política clara: la vacunación no es optativa y su incumplimiento tiene consecuencias, no solo individuales sino colectivas.