Coimas verdes en rutas nacionales: 13 gendarmes procesados por presuntos “peajes” a camioneros
- Telediario Digital
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El Juzgado Federal de Río Cuarto avanzó con el procesamiento de 13 integrantes de la Gendarmería Nacional Argentina acusados de exigir dinero a transportistas en operativos sobre las rutas 8 y 35, en cercanías de Sampacho. La fiscalía apeló y busca que la causa alcance a más uniformados.
La investigación judicial destapó un presunto esquema de recaudación ilegal montado en plena ruta nacional.
Según la resolución firmada por el juez Carlos Ochoa, un grupo de gendarmes habría convertido controles de rutina en una instancia de presión económica contra camioneros que atravesaban el sur de Córdoba.
La maniobra, siempre de acuerdo a la causa, se repetía bajo un mismo patrón: pedido de documentación, observaciones por supuestas faltas —en algunos casos discutibles— y una alternativa implícita para evitar sanciones. El mensaje era claro: pagar o enfrentar actas, demoras y hasta el secuestro del vehículo.
El expediente describe un funcionamiento organizado, con división de tareas y continuidad en el tiempo entre octubre de 2024 y julio de 2025. El dinero se entregaba mayormente en efectivo, aunque también se habrían utilizado transferencias bancarias. La Justicia investiga si hubo un circuito estable de cobro y reparto.
Entre los procesados figuran efectivos señalados como organizadores, otros como ejecutores directos y también un civil apuntado como receptor de pagos. Los delitos atribuidos incluyen asociación ilícita, exacciones ilegales, abuso de autoridad y coacción, figuras que prevén penas de prisión e inhabilitación.
El fiscal federal Rodolfo Cabanillas cuestionó parte de la resolución y apeló ante la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. Considera que la investigación debe profundizarse y alcanzar a otros 10 gendarmes que, por ahora, no fueron procesados.
El caso impacta en un punto sensible: los controles en rutas estratégicas para el transporte de granos, alimentos e insumos industriales. Para la Justicia, se trata de hechos que, de comprobarse, afectan la confianza pública en una fuerza encargada de garantizar la seguridad vial y el cumplimiento de la ley.
La decisión final sobre los procesamientos quedará en manos de la Cámara. Si se confirman, la causa podría encaminarse hacia un juicio oral que pondrá bajo la lupa el funcionamiento de los operativos en el sur provincial.