Caminos de las Sierras denunció a gremios por el bloqueo del peaje Córdoba - Carlos Paz
- Telediario Digital
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La empresa concesionaria denunció penalmente a los gremios estatales que bloquearon el peaje en la Autopista Córdoba–Carlos Paz. Aseguran que la medida puso en riesgo la seguridad vial y generó caos vehicular.
La empresa Caminos de las Sierras presentó una denuncia penal contra los gremios estatales que protagonizaron el bloqueo del peaje en la Autopista Córdoba-Carlos Paz, durante la mañana de este lunes. La protesta se desarrolló en rechazo a la reforma jubilatoria provincial implementada a fines del año pasado.
Según informó la concesionaria, la obstrucción del tránsito se extendió entre las 10 y las 11:30 y provocó “un importante caos vehicular”, con filas de hasta cuatro kilómetros y maniobras riesgosas para los automovilistas que circulaban por la zona.
Desde la empresa advirtieron que la manifestación se realizó en un punto crítico de desaceleración y detención, lo que incrementó el riesgo de siniestros viales tanto para los usuarios como para el personal del peaje. En ese marco, señalaron que los hechos podrían encuadrarse en el artículo 194 del Código Penal, que sanciona la interrupción del normal funcionamiento del transporte terrestre.
En la denuncia también se dejó constancia de la presencia de distintos gremios, identificados con banderas, pancartas y vestimenta institucional. Además, la concesionaria alertó que referentes sindicales anticiparon que esta modalidad de protesta podría repetirse en otros peajes de la provincia.
El conflicto vuelve a poner en discusión un punto sensible para Córdoba y otras provincias: el impacto de las protestas en corredores estratégicos para la circulación, el turismo y las economías regionales. En plena temporada estival, cualquier interrupción en accesos clave afecta no solo a los usuarios, sino también a la actividad productiva y comercial.
Desde Caminos de las Sierras solicitaron que se habilite la feria judicial para avanzar con la investigación y pidieron ser aceptados como querellantes. El escenario abre un nuevo frente de tensión entre el Estado, los gremios y las empresas concesionarias, con posibles derivaciones políticas y judiciales en las próximas semanas.