Allanaron PAMI en Río Cuarto y Sampacho: qué buscaba gendarmería y qué puede pasar en las próximas horas

Gendarmería allanó la delegación del PAMI en Sampacho y oficinas en Río Cuarto por una causa que investiga presuntas sobrefacturaciones de un centro de rehabilitación. Hay tres detenidos y la Justicia Federal no descarta nuevas órdenes de arresto en un caso que podría superar los 500 millones de pesos.

La Justicia Federal volvió a irrumpir en la región con una nueva serie de allanamientos vinculados a la investigación por presuntas sobrefacturaciones al PAMI Río Cuarto. Durante la mañana, personal de Gendarmería realizó operativos en la sede de la obra social en Sampacho y en la oficina ubicada sobre calle Alvear, mientras se profundiza un expediente que ya acumula tres detenidos y un perjuicio económico que podría rondar los 500 millones de pesos.

Según confirmaron fuentes judiciales, los operativos forman parte de la causa que indaga un posible esquema de facturación irregular protagonizado por un centro de rehabilitación de Río Cuarto. La maniobra consistiría en cargar al PAMI tratamientos complejos que nunca se realizaron, pese a que los afiliados asistían por “cuestiones menores”. La Justicia investiga si esta mecánica operó de manera sistemática y si alcanzó a otras delegaciones de la región.

Los detenidos hasta el momento están vinculados a la empresa que prestaba estos servicios de rehabilitación.

“Aparentemente conferenciaban esa empresa ética Salud”, señalaron en la investigación. También se investiga la participación de médicos que habrían emitido órdenes irregulares “utilizando su usuario profesional sin respaldo alguno de atención efectiva”, lo que podría configurar un fraude extendido con responsabilidad compartida.

Aunque no hubo nuevas detenciones en esta jornada, los investigadores no descartan más movimientos en las próximas horas. El volumen económico del caso y la posible ramificación a otras localidades del sur provincial agregan presión a un expediente que ya puso en alerta al sistema federal de prestaciones y a los organismos de control.

Si se confirma el alcance total del fraude, el impacto podría ser profundo: pérdida de recursos destinados a jubilados, debilitamiento de la red de prestadores de salud regional y un golpe político para las estructuras estatales encargadas del control. La causa se encamina ahora a una etapa clave en la que podrían definirse nuevas imputaciones y medidas que vuelvan a sacudir al sur cordobés.