Allanaron el Tribunal de Cuentas por la causa de los drones y se profundiza la pelea política

La Justicia provincial allanó la sede del Tribunal de Cuentas para requerir el expediente de la licitación de drones para la Policía. El presidente del organismo, Beltrán Corvalán, denunció una maniobra de “amedrentamiento” por parte del Gobierno.

Este miércoles, la Justicia provincial ordenó un allanamiento en el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba en el marco de la causa que investiga la licitación para la compra de drones destinados a la Policía. El procedimiento buscó acceder al expediente administrativo de una operación valuada en 6,8 millones de dólares, que quedó envuelta en un fuerte conflicto político e institucional.

Según trascendió, cuatro efectivos policiales se presentaron en la sede del organismo para requerir la documentación vinculada a la compra del sistema de vehículos aéreos no tripulados. El operativo se dio tras la denuncia penal presentada por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros..

El presidente del Tribunal de Cuentas, Beltrán Corvalán, cuestionó con dureza el procedimiento y aseguró que el Gobierno provincial busca “amedrentar” al organismo de control. “Tengo determinadas inmunidades y solo un juez me puede pedir este tipo de documentación”, sostuvo públicamente, y remarcó que el expediente ya no se encuentra físicamente en el Tribunal sino en el Ministerio de Seguridad.

Corvalán devolvió el requerimiento policial por escrito y afirmó que, por la jerarquía institucional de los tribunos, cualquier medida de ese tipo debería ser ordenada expresamente por un juez de Control, y no a través de un oficio fiscal.

La causa se origina luego de que la mayoría juecista del Tribunal de Cuentas frenara el visado del gasto y paralizara la licitación, al considerar que el proceso —realizado a renglón único— habría direccionado la compra hacia una única oferente. Desde el Ejecutivo rechazaron esa interpretación y denunciaron a los tribunos por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El Ministerio de Seguridad sostiene que el Tribunal excedió sus funciones al evaluar el mérito y la conveniencia de una política pública, algo que —según la Ley Provincial 10.930— corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo.

La investigación quedó a cargo del fiscal Tomás Casas, quien dispuso que la Policía de Córdoba requiriera las actuaciones administrativas. Desde la fiscalía señalaron que la causa se encuentra en una etapa “incipiente” y no brindaron detalles sobre las próximas medidas.

Mientras tanto, el allanamiento expuso con crudeza la escalada del enfrentamiento entre el Gobierno provincial y el organismo de control, en un conflicto que ya trascendió lo administrativo y se consolidó como una de las disputas políticas más tensas del año en Córdoba.