El doctor González Fossat admitió que el ex mandatario realizaba gestiones para que privados utilizaran tierras del ferrocarril pero que «no cobró nada». Para el abogado, «lo que está haciendo el actual intendente (Víctor Hugo Moreyra) es una difamación y un desconocimiento total sobre las normativas».
El doctor Oscar González Fossat, abogado del ex intendente de Ucacha Miguel Angel Mattone, sospechado de una presunta venta irregular de tierras del ferrocarril dijo que las acusaciones contra el «son una difamación total y absoluta».
El abogado admitió que el ex mandatario realizaba gestiones para que privados utilizaran tierras del ferrocarril pero que «no cobró nada».
Según señaló en diálogo con telediario, «Mattone hizo gestiones ante el Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado que regula las tierras de Estado y otorga los predios por 15 ó 25 años en concesión a los municipios, además de cederle derechos».
«El poseedor tiene la posibilidad de construir y pagar los impuestos. Con los años esa entidad puede pedir comprar esa propiedad. Mattone colaboró en los trámites para que el ONABE otorgue tierras a particulares a través de la realización de actas de custodia y permiso de uso por 15 años, sin valor alguno. El no cobró ningún montó económico, solo hizo la gestión», aseguró.
Para González Fossat, «lo que está haciendo el actual intendente es una difamación y un desconocimiento total sobre las normativas».
El hecho
En la localidad de Ucacha investigan si un ex intendente vendía terrenos del ferrocarril a comerciantes de la localidad.
Vecinos habrían pagado hasta 18 mil pesos por una cesión que alcanzaba montos totales de 40 mil pesos. Lo confirmó el actual mandatario Víctor Hugo Moreyra quien precisó que entre los sospechados por el hecho aparecen el ex intendente Miguel Angel Mattone y otras dos personas.
La Municipalidad solicitó la intervención de la ABIF (Administración de bienes del Ferrocarril) y un delegado del organismo nacional relevó la situación.
«Los presuntos compradores deben saber que en ningún caso esos terrenos pueden pasar a manos privadas», expresó a Telediario Andrés Pedrero, funcionario de la administración de bienes.
Pedrero destacó que «no se habrían entregado documentos que certifiquen la maniobra sino que los vecinos admiten haber confiado en la buena fe de los presuntos vendedores».
«No habría daño al Estado porque los terrenos no pueden ser utilizados. Quienes se habrían visto afectados son los comerciantes engañados», resaltó.
Por su parte, Moreyra señaló que el municipio tenía en concesión los terrenos que habrían sido negociados y manifestó su preocupación por las maniobras que alcanzarían los miles de pesos.