Por Guillermo Geremía. Entre 2 y 3 casos diarios de violencia familiar son denunciados en los tribunales provinciales de Río Cuarto. De las localidades de la región, General Cabrera es donde más intervenciones judiciales han solicitado. En el sur de Córdoba se han ordenado en doce meses más de un centenar de exclusiones del hogar. Si se compara con estadísticas anteriores la violencia en el hogar se mantiene en alza.
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Entre 2 y 3 casos diarios de violencia familiar son denunciados en los tribunales provinciales de Río Cuarto. De las localidades de la región, General Cabrera es donde más intervenciones judiciales han solicitado. En el sur de Córdoba se han ordenado en doce meses más de un centenar de exclusiones del hogar. Si se compara con estadísticas anteriores la violencia en el hogar se mantiene en alza.
«El componente de hostilidad en los vínculos es inherente a la condición humana», asegura el médico psiquiatra, Jorge Berlaffa. Pero aclara el especialista, «son las pautas culturales las que permiten una convivencia sin hostilidad». Ante la evidencia manifiesta de un incremento de las relaciones violentas en la interacción social, cabe preguntarse si lo que ocurre puertas afuera de los hogares está también sucediendo cuando trasponemos los umbrales de cada una de las casas.
En el análisis de las fichas de relevamiento de datos del año judicial anterior surge que es significativamente alto el número de casos de violencia familiar denunciados entre febrero de 2008 y enero de 2009. Son las estadísticas correspondientes al año judicial anterior en los Juzgados de familia de primera a sexta nominación que funcionan en los tribunales de Río Cuarto.
Según esos números oficiales durante ese período fueron recibidas 820 denuncias y admitidas 774. Un promedio de 68 denuncias por mes, 12 por Juzgado y a un ritmo de 2 a 3 denuncias diarias. Cabe recordar que los tribunales locales receptan denuncias de una amplia zona del centro-sur de la Provincia de Córdoba.
Por densidad demográfica no sorprende que la mayoría de los casos sean de Río Cuarto, 605 denuncias. Si llama la atención que entre las localidades de similar escala poblaciónal, General Cabrera tenga 34 casos denunciados, Berrotarán 23, General Deheza 20 y Adelia María 19 denuncias. La regla de «pueblo chico, infierno grande» pareciera cumplirse en Elena y Las Higueras con 9 casos respectivamente.
La violencia familiar y sus múltiples manifestaciones (física, psicológica o emocional, sexual y económica) comenzó a ser juzgada en la provincia de Córdoba desde que en marzo de 2006 se aprobó, tras un intenso trabajo parlamentario, la ley que tiene por objeto «la prevención, detección temprana, atención y erradicación de la violencia familiar». Al tercer año de su aplicación la ley sólo ha sido eficaz en la denuncia de los hechos pero todavía no ha podido ser validada como normativa de prevención.
En junio de 2007 a un año de promulgación de la ley se habían denunciado 40 hechos de violencia familiar en el mes en los tribunales provinciales locales. En igual período de 2008, las denuncias aumentaron un 150% llegando a 100 hechos judicializados. En el junio que pasó esa cifra se mantiene constante. Por lo menos desde los números no se ha advierte que la normativa actúe como herramienta terapéutica.
La ley establecía la creación de un Programa de erradicación de la Violencia Familiar que significaba una serie de acciones como promover el estudio de las causas y consecuencias, impulsar procesos de patrones socioculturales de conducta, determinar el daño de la víctima y aplicar un tratamiento adecuado para disminuirlo, implementar el otorgamiento de apoyo económico, promover la creación de organismo no gubernamentales que intervengan en la prevención y atención de la violencia familiar. Casi nada de esto se ha llevado a adelante.
Mujeres y niños, primeros
Los seis jueces de familia se han visto desbordados por las denuncias y obligados a postergar sus otras funciones en materia civil y comercial para atender semejante cantidad de requisitorias. Entre las medidas dispuestas ordenaron la exclusión del hogar de los agresores en 115 oportunidades y la prohibición de contacto o entrevista en la mayoría de los casos, 815 sobre 820 denuncias recibidas. También incautaron armas de fuego en 65 casos y en 7 casos determinaron la asistencia obligatoria del agresor a un programa de rehabilitación.
Del universo de casos denunciados, sólo en 28 los jueces determinaron el reingreso al hogar del agresor y en 36 oportunidades se estableció un régimen de visitas y cuotas alimentarias.
Los menores son siempre víctimas directas o indirectas del impulso violento de los adultos. Los jueces ordenaron en 5 casos la restitución de niños al seno del hogar, en 12 corrieron vista al juez de menores ante situaciones de riesgo y en otros 35 casos remitieron oficios a los asesores de menores por la posibilidad de situaciones de riesgo.
También los magistrados elevaron antecedentes al fiscal de turno en 41 hechos por la presunta comisión de otros delitos más allá de la violencia familiar denunciada y solicitaron a la policía en 11 oportunidades protección para las víctimas por tratarse de casos de extrema gravedad. Además, sus señorías, solicitaron otras series de medidas complementarias (ver anexo aparte).
Son las frías e impersonales estadísticas del infierno diario en el cual viven muchos hogares. Detrás de cada número hay un verdadero drama personal. Paradójicamente donde debiera concurrir el amor y el afecto como principio de cohesión es la violencia la cárcel sin barrotes de muchísimas familias.
