En la noche de este miércoles, dos motocicletas colisionaron en calle Carlos Rodríguez al 1400. Como consecuencia del impacto, un hombre de 74 años debió ser trasladado al hospital San Antonio de Padua para constatar el grado de sus lesiones. En tanto, el otro conductor, un joven de 18, también fue asistido en el lugar por el servicio de emergencias médicas aunque no fue necesario que lo deriven al nosocomio.
La Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos del Reino Unido (AAIB) confirmó en la tarde de este miércoles que logró rescatar del fondo del Canal de la Mancha un cuerpo hallado entre los restos del avión que trasladaba a Emiliano Sala. Restan las pericias para determinar si se trata del cuerpo del delantero argentino o del piloto del avión.
«El cuerpo está siendo llevado a Portland para ser derivado al cuidado del forense de Dorset», destacaron desde la AAIB.
En cuanto al avión, cabe señalar que permanece a 67 metros bajo el agua a 21 millas de la costa de Guernsey, ya que las malas condiciones climáticas detuvieron los esfuerzos para recuperarlo. Un portavoz de la AAIB añadió: «Desafortunadamente, los intentos de recuperar los restos de la aeronave no tuvieron éxito antes de que las malas condiciones meteorológicas nos obligaran a terminar esa alternativa. El pronóstico es malo para los próximos días y, por lo tanto, se tomó la difícil decisión de cerrar la operación general».
La AAIB dijo que se esperaba que las imágenes capturadas de los restos proporcionaran «pruebas valiosas» y que su informe provisional sobre el incidente se publicará dentro de un mes.
El accidente se produjo el 21 de enero, cuando se perdió contacto con la aeronave, mientras transitaba el trayecto entre Nantes y Cardiff, a la altura del Canal de la Mancha.
La fabricante de tractores Pauny presentó esta semana ante el Ministerio de Trabajo de nuestra provincia, donde está radicada su planta industrial, un pedido de apertura de procedimiento preventivo de crisis, ya que busca achicar la jornada laboral de sus más de 500 empleados. La caída de las ventas de maquinaria agrícola es una realidad palpable y en este contexto las empresas nacionales buscan la manera de salir airosas de la crisis.
Pauny, que viene de parar totalmente la actividad durante enero en su planta industrial localizada en Las Varillas, ahora quiere reducir la jornada laboral a martes, miércoles y jueves y concretar una reducción de los salarios de sus empleados. La intención es sobrevivir por lo menos los próximos dos meses con esta modalidad y esperar de esta manera si se produce algún tipo de reactivación cuando comiencen a llegar los primeros ingresos de la cosecha de soja.
Pauny, como otras muchas empresas de maquinaria agrícola, está liquidando stocks desde hace varios meses para enfrentar el panorama complicado. Las ventas de maquinaria y complementos para el campo venían experimentando una fuerte recuperación desde 2016, pero desde el año pasado todo cambió: la fuerte devaluación, la reimposición de retenciones, sumada a la sequía que afectó al campo y la falta de financiación en el sector, virtualmente paralizaron las ventas.
La empresa nació tras la crisis de 2001 luego de la quiebra de la firma Zanello. Un grupo de ex empleados se hizo cargo de la operatoria, pero no funciona como cooperativa sino como sociedad anónima. Con el correr de los años logró posicionarse muy bien en el mercado local de tractores, donde tiene una participación de alrededor del 20% de las ventas.
Ahora sus actuales gerenciadores advierten que están ante una situación crítica, con ventas prácticamente nulas y el canal exportador también parado. A la par, el incremento de los costos de producción, energéticos y laborales conforman un cóctel explosivo.
La audiencia en el Ministerio de Trabajo provincial para presentar el pedido formal de apertura de procedimiento preventivo de crisis está estipulada para el próximo lunes 14, pero antes internamente la empresa espera llegar a un acuerdo con sus empleados. La negociación gremial está abierta y esperan encaminar la cuestión antes del fin de semana.
Desde la empresa explican que el achique de la jornada laboral en esta instancia busca preservar la continuidad total de la empresa que hoy no muestra números en rojo. Según los registros oficiales, se mantiene al día con el pago de aportes patronales a sus empleados, lo mismo sucede con su deuda bancaria que según el BCRA, a la fecha, suma poco más de $510 millones, toda en situación uno, es decir, sin atrasos en los pagos y tampoco muestra cheques rechazados.
Así es que en los próximos días se definirá esta situación ante la encrucijada que enfrenta la mayoría de las empresas nacionales en el actual contexto de recesión.
La moneda estadounidense tuvo un incremento de 31 centavos y cerró este miércoles a $36,59 para la compra y a $38,59 para la venta.
En la rueda de hoy, el Banco Central de la República Argentina compró u$s 75 millones en dos subastas para evitar un atraso en el tipo de cambio. En la primera, el precio promedio de compra se ubicó en $ 37,432, siendo el máximo de $ 37,44 mientras que en la segunda, que se llevó a cabo minutos más tarde, el precio promedio se ubicó en $ 37,3764, y el máximo en $ 37,379.
“La suba del dólar frente al euro y otras monedas regionales, la continua y acentuada baja de la tasa de interés de las LELIQ que viene efectuando el Banco Central diariamente y las compras oficiales de dólares en el sector donde operan los grandes jugadores confluyeron en la fecha para generar un ajuste en los precios del dólar que lo llevaron al nivel más alto de los últimos seis días hábiles”, afirmó el operador Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, al medio ambito.com.
La entidad monetaria colocó en la rueda de hoy Letras de Liquidez (Leliq) por $175.000 millones a una tasa promedio en significativa baja del 48,824% anual a siete días (el martes había cerrado a 50,02%). Mientras que la tasa máxima adjudicada fue de 49,0012% y la mínima de 48,480%.
Las reservas del BCRA subieron el martes u$s 116 milloneshasta los u$s 66.961 millones.
Alpa Corral cuenta con un cajero móvil del Banco de Córdoba desde la tarde de este miércoles. Tras 11 años de gestiones, finalmente la localidad suma un servicio para su población y los turistas que elijen el lugar para descansar.
«Para nosotros y nuestra comunidad es un sueño hecho realidad y lo logramos después de mucho tiempo de gestión. Empezó a funcionar desde la tarde de este miércoles y la cantidad de gente que hacía cola era de destacar. Hasta el 20 de febrero se podrá utilizar el servicio con posibilidad de que se alargue hasta el 7 de marzo», dijo la intendente de Alpa Corral, Nélida Ortíz.
La intendente afirmó que la implementación del cajero es un paso importante para que en un futuro, Alpa Corral pueda tener el servicio de manera continua.
«(Pablo) Vasquetto pidió licencia por 90 días y dijo que se pondrá a disposición de la Justicia», afirmó Gustavo Sachetta, uno de los dirigentes que encabezará el triunvirato que asumió el control de Cecis, tras la denuncia por violencia y abuso sexual contra el presidente de la entidad.
La comisión directiva del CECIS confirmó el pedido de Vasquetto de apartarse de las actividades «hasta esclarecer el polémico episodio con su ex pareja, Vanesa Frigerio».
Por el momento, el presidente del Centro Empresario no presentó la renuncia ni tampoco se la exigieron desde el organismo. Vasquetto no ha realizado manifestaciones públicas, aunque a los dirigentes del Cecis les aseguró que la denuncia «está repleta de falacias»
Apenas trascendió la noticia, desde el colectivo Ni Una Menos se expresaron sobre el tema y señalaron que “es importante que el Cecis lo aparte del cargo y que al terminar el proceso judicial se defina si es o no responsable”.
Vasquetto reemplazó un año atrás a Armando Becerra, quien renunció tras realizar polémicas declaraciones homofóbicas que fueron denunciadas ante el Inadi.
Tal como se preveía, el juez que actúa en el pedido de convocatoria de acreedores de la firma Cotreco frenó la caída del contrato entre la empresa y el municipio. De todos modos, desde el Ejecutivo advierten que «la medida no será eterna» y siguen trabajando en «un plan B».
El fiscal municipal Julián Oberti precisó que un síndico definido por el magistrado controlará que se cumpla con la recolección.
«Hoy por hoy el juez decidió sostener el contrato con Cotreco bajo ciertas condiciones, las cuales implican cumplir con la tarea de modo eficaz y eficiente, que esté controlado por la sindicatura, presentar informes ante la misma donde plantee la situación y ver cómo va evolucionando la prestación del servicio», explicó.
Además, Oberti comentó que desde el Municipio ya solicitaron una audiencia con el juez del concurso, el síndico y la contraparte a los efectos de ponerse de acuerdo respecto al plazo, la modalidad, los controles y la evolución de esta nueva relación que se plantea ahora «para que esto no sea algo que quede diferido en el tiempo sin ningún tipo de resolución».
Asimismo, deberá volver a presentarse en los tribunales de Comodor Py el empresario Ángelo Calcaterra, primo hermano y ex socio del jefe de Estado, Mauricio Macri.
El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado nuevamente a 12 años y 11 meses de prisión por presuntos crímenes de corrupción y lavado de dinero. La jueza Gabriela Hardt del Tribunal Federal de Paraná entendió que el ex mandatario fue favorecido por las empresas OAS y Odebrecht con reformas hechas en una casa de campo que frecuentaba en el municipio de Atibaia, en el estado de San Pablo. Según la investigación, fue la empresa Odebrecht quien pagó por las obras de dicha propiedad, que equivalían a una suma de 1,26 millones de reales.
La defensa de Lula, sin embargo, alega que el ex presidente nunca fue informado sobre las reformas realizadas y que tampoco existen pruebas de que él haya pedido realizar esas obras a cambio de negocios con el gobierno. Además, los abogados del lider petista rechazaron que Lula sea el propietario oculto de la casa, sino que la razón por la que la frecuentaba era que era muy amigo de la familia de Jacó Bittar, padre de Fernando Bittar, uno de los dueños oficiales de la propiedad.
Los empresarios Marcelo y Emilio Odebrecht, Leo Piñeiro y José Carlos Bumlai de OAS, y Fernando Bittar, entre otros, también fueron condenados.
Con fuerte hermetismo, inicia la ronda de indagatorias en el Juzgado Federal. Doce detenidos y 21 imputados es el saldo parcial de la investigación por narcotráfico y lavado de activos tras el brutal crimen de Claudio Torres, el zar de la droga riocuartense.
El juez Federal Carlos Ochoa ordenó el secreto de sumario y los abogados defensores mantienen un fuerte hermetismo sobre el avance de la instrucción.
Hasta el momento, se secuestraron bienes y dinero por montos millonarios pero no se encontró la droga que era comercializada por la banda.
Cartas marcadas, por Pablo Callejón
Claudio Torres no era un desconocido para la Justicia Federal y las fuerzas de Seguridad, pero nada lo detuvo. La descripción surgió en plena investigación por la causa de los “narcogendarmes” que reveló la complicidad de agentes de investigación de Gendarmería con el tráfico de drogas y el nexo con la instrucción paralela por otro capítulo escandaloso que tuvo al ex segundo jefe de la Unidad Departamental, Leonardo Hein, como uno de los procesados y luego condenado por una calificación mucho más leve.
Según señaló el gendarme Luis Amado Naser en su declaración indagatoria del 8 de agosto del 2018 ante la Justicia Federal, en el 2015 el comandate Sanabria, quien era el jefe superior de Naser y Moya en Gendarmería, “les ordenó que debían trabajar con informantes”. En abril de ese año, Naser y Moya toman contacto en el barrio Cola de Pato con Carlos Grich y lo sumaron como colaborador. Grich es quien aparece en las escuchas telefónicas junto al ex comisario Hein.
Tras acordar con los gendarmes, Grich se reunió con Darío Correa, quien fue acusado en el juicio como el jefe de la banda Narco que participó del procedimiento en la Terminal de Omnibus donde fueron a buscar un paquete de drogas enviado desde Orán, en Salta, y se reveló públicamente la trama de comercialización de drogas entre narcos riocuartenses y agentes de seguridad.
Según relató Naser, Correa les vendía información sobre operativos que se iban a efectuar a cambio de dinero en efectivo.
“Pasado un tiempo, siguieron trabajando mucho más en contacto con Correa que con Grich, porque Correa les dio datos de Claudio Torres”, afirmó Naser, según surge de la sentencia publicada por el Poder Judicial. El gendarme dio nombre y apellido del zar de la droga y destacó que “Correa y Coria le hacían de transportistas a Torres”
El acusado dijo que “le comunicó esta situación al Comandante y el no quiso informarla al Juzgado”. El acusado relató que Sanabria “quería tener más causas, una para Coria, otra para Torres y otra para Correa”. Naser afirmó que “no tenía el cargo ni la jerarquía para informar esto directamente al Juzgado Federal” y que “si se hacía algo diferente a lo que él –comandante- decía amenazaba con darles el pase”. Hace años sabían de Torres pero nunca fue procesado, ni detenido.
El crimen
A las 21 horas del martes 15 de enero Claudio Torres fue ultimado a balazos cuando salía de su vivienda en Laprida al 1264, en el barrio Fénix, mientras que el acompañante en el vehículo Audi A5, su hermanastro Germán Saliva, se salvó de milagro tras ser baleado en el mismo ataque. Torres llevaba una pistola calibre 6.25 que no pudo llegar a disparar.
Torres recibió ocho impactos de bala de grueso calibre. El homicida lo esperó pacientemente y luego huyó en una Renault Kangoo, que fue abandonada en cercanías del puente Antártida Argentina sobre la ruta nacional 8.
Una de las cámaras de seguridad mostró al sicario con las armas de fuego e iniciar la ráfaga de más de una decena de disparos calibres 11.25 y 9 milímetros.
Desde el Juzgado Federal aseguraron que Torres era investigado desde hacía dos años y que tarde o temprano se iba a determinar su detención. El asesino se anticipó a la Justicia y destapó una olla con un hedor que pondría en jaque hasta las propias fuerzas de seguridad.
Tras el crimen, con el aporte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se allanaron 46 domicilios y fueron detenidos 11 riocuartenses por narcotráfico y lavado de activos. Además, se labró la orden de captura de otros cinco sospechosos.
En el mega operativo fue secuestrada documentación, armas de fuego, 10 automóviles, 3 motocicletas y electrodomésticos por un valor millonario. También se incautaron 2,5 millones de pesos y unos 80 mil dólares.
Entre los detenidos aparecen Andrés y Mariano Rivarola, propietarios de una pollería frente a la Plaza San Martín. También está entre rejas el hijo del hombre asesinado, el supuesto guardaespaldas de Torres de apellido Bossi y “El Turco” Saliva, un sujeto conocido en el ambiente narco de la ciudad.
Otro de los detenidos, según publicó el semanario Otro Punto, sería yerno del ex jefe de la Policía Federal de Río Cuarto. Se trata de Jonathan Monserrat, familiar de quien hasta diciembre de 2018 era el jefe de la Policía Federal Delegación Río Cuarto, Sergio Almerich.
Almerich se venía desempeñando como subjefe y en enero de 2018 asumió como nuevo jefe de la Policía Federal de Río Cuarto. En diciembre de este año habría sido trasladado a Bariloche.
“El Zar”
Torres era considerado “un zar” de la droga en Río Cuarto y no ocultaba su vida de ostentaciones. En su sitio personal de Facebook, a la par de fotos con su hijo, aparecían autos y motos lujosas y hasta comentarios de sus viajes a Europa. Estaba a la vista de todos, incluso, de la propia Justicia. Tenía varias propiedades en su poder, entre ellas un complejo de cabañas en Alpa Corral por un valor de 3 millones pesos. Además, tenía vínculos con agencias de autos que fueron allanadas y aseguraba poseer su propio local de ventas de vehículos de alta gama en Buenos Aires. Sin embargo, la sospecha de la Justicia Federal es que su enorme y febril crecimiento económico estaba ligado con la comercialización de drogas y la trata de personas a través de la prostitución. Los vínculos de Torres como proxenetas llegaban hasta España.
Según publicó el diario Clarín, Torres compraba la droga a mayoristas en Capital Federal, se acopiaba en Córdoba y de allí se distribuía a otras provincias.
El antecedente penal de Torres se remonta a 2014, cuando intentó cruzar a Paraguay por el puente San Roque González de la Santa Cruz, que comunica Posadas con Encarnación y fue demorado debido a una condena por “lesiones graves” por pegarle a una mujer. Había sido condenado a tres años de prisión efectiva. Como la sentencia no estaba firme no lo apresaron en el momento del veredicto y Torres se fue a España, donde aguardó la prescripción de la pena. Allí habría generado contactos para sus operaciones como proxeneta. Tomó tanta repercusión interna la fuga del acusado, que los magistrados resolvieron mantener la prisión de los condenados a pesar de que no hubiera sentencia firme.
El padre de Torres también había sido juzgado en un caso por homicidio y tráfico de drogas.
«La construcción en Río Cuarto perdió un 45% del padrón de trabajadores», afirmó el secretario general de la CGT Río Cuarto, Ricardo Magallanes, tras la difusión de los datos oficiales del INDEC que revelan un desplome de la industria.
«Tenemos algunas complicaciones en la zona y en el propio Río Cuarto que no son tan graves como pueden ser en los cordones industriales de ciudades como Rosario, por ejemplo, que atraviesan una situación mucho más compleja», expresó Magallanes.
«En Río Cuarto siempre impacta menos que en otros sectores porque es una ciudad prácticamente sin industrias, con pequeñas PYMES que en realidad son emprendimientos familiares», explicó el titular de la CGT de Río Cuarto.
Magallanes recordó algunas promesas del presidente, apuntó contra las políticas generales de Macri y dijo: «En contrapartida de lo que venimos escuchando desde que asumió este Gobierno, respecto a que la reapertura de la obra pública iba a traccionar todo, resulta que, ya prácticamente en el último año de su mandato, no han puesto en marcha dicha obra pública».
Además, se mostró preocupado por el 45% de pérdida del padrón de los trabajadores en el área de construcción. «Estamos en una etapa de mucha incertidumbre», concluyó.
Las estadísticas arrojadas por el Indec para el pasado mes de diciembre no son alentadoras. En ese mes de 2018, la industria cayó un 14,7% interanual, mientras que la construcción lo hizo en un 20,5% respecto a diciembre de 2017.
El nuevo índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero), que modificó las mediciones del anterior estimador mensual industrial (EMI), cayó un 14,7% en diciembre,la baja más elevada de todo el año.
Este indicador unifica las mediciones de las estadísticas de la actividad de la industria manufacturera y muestra resultados de sectores anteriormente no relevados, dijo el Indec. En noviembre el EMI se hundió un 13,3 por ciento y el IPI 13,9 por ciento, dijo el Indec.
El organismo dio a conocer el nuevo Indice de Producción Industrial Manufacturero (IPIM), que incorpora una medición desestacionalizada de la variación industrial, que registra una baja del 1,7% en diciembre respecto de noviembre pasado.
En el acumulado anual, por su parte, la producción industrial mostró una caída de 5% en comparación con el 2017, añadió el Indec.
En el rubro construcción, la actividad también marcó un descenso en diciembre, al caer un 20,5% interanual. Subió un 0,8% durante el 2018 en la misma comparación según el Indec.
El empresario cordobés y ex senador nnacional Roberto Urquíasse prensentó hoy en el Juzgado de Claudio Bonadio. El titular de Aceitera General Deheza (AGD) y accionista del ferrocarril Nuevo Central Argentino (NCA) había sido citado a fines de enero, en el marco de una investigación surgida de la causa de los Cuadernos, aunque vinculada en exclusiva al sistema de coimas que habría estructurado el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime.
Según trascendió, el empresario se presentó esta mañana en Comodoro Py y habría entregado un escrito que, en lo sustancial, niega la existencia de ilícitos en torno de la operatoria de NCA y de la firma Ferrocentral.
«Jamás NCA o sus accionistas tuvieron información o sospecha de cualquier negociación o desvío de fondos ilícitos, los que de hecho, no existieron», plantea en uno de sus párrafos el documento presentado ante la Justicia.
El texto completo del escrito
Aceitera General Deheza S.A. (AGD) no es una empresa proveedora del Estado ni titular de contratos públicos. Es principalmente exportadora de productos de la industria oleaginosa y productora para el mercado interno de productos alimenticios. Ninguno de sus negocios depende del Estado.
Nuevo Central Argentino S.A. (NCA), de la que AGD es accionista, es una empresa de transporte ferroviario de CARGA que obtuvo su contrato de concesión de servicio público en el proceso licitatorio iniciado en el año 1989.
La necesidad de participar en el mercado del transporte ferroviario se debió exclusivamente a que el tren de carga es un elemento indispensable para la logística de productos exportables.
NCA transporta granos, productos industriales, azúcar, contenedores, porotos, minerales, limones, áridos, cemento, clinker, etcétera. Su explotación no recibe subsidios del Estado de naturaleza alguna. Por el contrario, NCA abona mensualmente un canon al Estado Nacional.
El contrato de licitación preveía la posibilidad de otorgar en la misma vía el servicio de transporte de pasajeros por sí o por no. NCA nunca quiso brindar ese servicio ya que carecía del expertise para hacerlo.
Dado los requerimientos legales y técnicos se concluyó a la necesidad de acudir a un operador ferroviario de pasajeros con experiencia para lo que se contactó y acordó con Ferrovías S.A., operador del ferrocarril Belgrano Norte, constituyendo con acuerdo del Estado Nacional, a esos efectos, la empresa Ferrocentral S.A.
Jamás NCA o sus accionistas tuvieron información o sospecha de cualquier negociación o desvío de fondos ilícitos, los que de hecho, no existieron.
En lo que va del año se registraron un total de 24 femicidios en todo el país. Dichas cifras dan cuenta de que en Argentina matan a una mujer cada 36 horas.
La noticia fue confirmada esta mañana por el Fiscal Municipal, Julián Oberti. De esta manera y por el momento, la empresa seguirá prestando el servicio de higiene urbana en la ciudad. «Hoy por hoy el juez decidió sostener el contrato con Cotreco bajo ciertas condiciones, las cuales implican cumplir con la tarea de modo eficaz y eficiente, que esté controlado por la sindicatura, presentar informes ante la misma donde plantee la situación y ver cómo va evolucionando la prestación del servicio», explicó.
Además, Oberti comentó que desde el Municipio ya solicitaron una audiencia con el juez del concurso, el síndico y la contraparte a los efectos de ponerse de acuerdo respecto al plazo, la modalidad, los controles y la evolución de esta nueva relación que se plantea ahora «para que esto no sea algo que quede diferido en el tiempo sin ningún tipo de resolución».
En virtud de los datos alarmantes que se conocieron en las últimas horas sobre el desplome de la industria y la construcción, desde la CGT local ya perciben un impacto en la ciudad y la región aunque no tan importantes como en otros lugares del país: «Tenemos algunas complicaciones en la zona y en el propio Río Cuarto que no son tan graves como pueden ser en los cordones industriales de ciudades como Rosario, por ejemplo, que atraviesan una situación mucho más compleja», expresó Ricardo Magallanes.
«En Río Cuarto siempre impacta menos que en otros sectores porque es una ciudad prácticamente sin industrias, con pequeñas PYMES que en realidad son emprendimientos familiares», explicó el titular de la CGT de Río Cuarto. Sin embargo, recordó algunas promesas del presidente, apuntó contra las políticas generales de Macri y dijo: «En contrapartida de lo que venimos escuchando desde que asumió este Gobierno, respecto a que la reapertura de la obra pública iba a traccionar todo, resulta que, ya prácticamente en el último año de su mandato, no han puesto en marcha dicha obra pública».
Además, Magallanes se mostró preocupado por el 45% de pérdida del padrón de los trabajadores en el área de construcción. «Estamos en una etapa de mucha incertidumbre», concluyó.
Cabe recordar que, según datos del INDEC, la industria cayó en diciembre 2018 un 14,7% interanual, mientras que la construcción lo hizo en un 20,5% respecto a mismo período de 2017.
El fallecimiento de Ramón Gigena (37), quien fue arrastrado por la corriente cuando se encontraba pescando junto a su hermano en el río, despertó la polémica sobre los controles y medidas de seguridad en el río Cuarto. Alberto Garavaglia, responsable de mantenimiento de edificios y espacios públicos, se refirió a la muerte del vecino que se conoció hace pocos días y dijo que en ese caso se produjo una particularidad ya que «accedió a un lugar que no se debe acceder».
Además, aclaró que desde la Provincia consideran que «el río es para que lo usen todas las familias, de cualquier condición social, de cualquier lugar que provengan». En función de esto, según Garavaglia, lo que hacen es controlar, cuidar y generar condiciones de seguridad.
«Hay un protocolo de inflado y desinflado. En el momento del inflado se verifica que no haya gente en el río aguas arriba del azud. Eso se realiza los días de semana a las 11 hs y los fines de semana a partir de las 13 hs. En febrero, a las 19.15 hs comienza el operativo de desinflado. Éste implica 30 minutos de desalojo de costas y espejos de agua y se hace un recorrido de azud 1 a azud 2. Luego hay una sirena de ambulancia y una de policía en en ambos azudes», explicó.
PERIODISMO CIUDADANO: “Calle Baigorria, donde están los colegios Nacional e Industrial, hay una columna de luz a punto de caerse. Malezas y extracción de árboles casi centenarios». Norma.
PERIODISMO CIUDADANO: “Pérdida de agua en calle Muñíz al 1500. Llevamos 10 diez días reclamando. Se rompe cada día más asfalto y provoca caos vehicular». Celia.