En la incompleta serie con pretensiones documentales de NETFLIX sobre el caso Nora Dalmasso, además del sesgo en el tratamiento y la no caracterización de la sociedad donde se produjo el homicidio de las dudas, sí puede observarse el “estirón” vertical que en el último medio siglo pegó la adolescente –en la amplia acepción del término- capital alterna de Córdoba. La nueva ‘cultura drone’ de la imágenes permiten ver una postal de Río Cuarto que para cualquier desprevenido bien podría considerarse desde el aire como una ciudad europea o de América del norte. Cuando bajamos a tierra esa afirmación se relativiza.
El recorte de edificios en propiedad horizontal, contradicción semántica para definir a las construcciones en altura, que primero aparecieron en el micro centro, luego en el macro y ahora también en los barrios de la ciudad; fue transformando la postal de la ciudad plana en este nuevo registro de torres erigiéndose por todas las latitudes. Estas y los barrios cerrados o semi cerrados son los únicos desarrollos inmobiliarios que en este presente ofrece “el mercado”.
Sabido es que muchos de esos proyectos de las constructoras locales y también foráneas que hace medio siglo vienen tentando al excedente financiero de un segmento de la población de poder adquisitivo medio o alto, son ladrillos para que se refugien los ahorros de recursos bien habidos producto del esfuerzo laboral y la heredad de unos pocos riocuartenses. Pero también son modernos monumentos habitables que registran la materialización del rédito obtenido que no fue declarado para evitar pagar impuestos o los que es peor aún,  producto de actividades fuera de la ley, cuando no el documento de cemento y vidrios emergente de ese gran iceberg que es la corrupción en cualquiera de sus dimensiones. En los edificios se refugia la virtud laboral y también en parte, la indecencia de una sociedad.

“Vos sos un estafador”, le espetaron en la cara a uno de los renombrados economistas involucrados en esta historia. Fue en una de las tantas reuniones en donde el verborrágico hacedor de números tuvo que enfrentar a los integrantes de los fideicomisos que armó para levantar una torre ubicada en la cercanía del polo judicial, donde funciona desde hace algunos años la Justicia cordobesa y el lugar destinado para las reparticiones del Poder Judicial Federal cuando en algún momento vuelva la obra pública nacional.
Un fideicomiso inmobiliario es un  contrato celebrado por escritura pública (ley 24.441) por el cual una persona fiduciante, transmite la propiedad fiduciaria de bienes determinados a otros fiduciario. Este instrumento es apto para desarrollar emprendimientos inmobiliarios con fondos de terceros. Los inversores son los fiduciantes que aportarán los fondos para comprar el terreno y hacer frente a los costos de la obra, en un plazo y condiciones por las partes acordadas.
En el edificio en construcción ubicado en Belgrano terminación en intersección con Balcarce de la zona Este del macro centro, dos economistas de renombre y con responsabilidades en una de las instituciones más prestigiosas del sur de Córdoba se constituyeron como los fiduciarios. Es decir, quienes recibieron el dominio de los fondos para comprar el inmueble, inscribirlo en forma temporal y condicionada a su nombre (artículo 2662 del Código Civil y ley 24.441) y llevar adelante el emprendimiento según las pautas dispuestas en el anteproyecto. Al terminarse las obras proyectadas y una vez afectado el inmueble al Régimen de Propiedad Horizontal o al del loteo, transmitirán a los beneficiarios el dominio de las unidades que a cada uno corresponda.
“Espacio IN” empezó a proyectarse con un fideicomiso en los tiempos de la Presidencia de Maurcio Macri, y la obra civil se inició en el transcurso de 2017. 8 años después quienes entraron en la herrarmienta de inversión por la tentadora oferta y la garantía del renombre de los convocantes al negocio,  aún  no pueden acceder a las unidades inmobiliarias prometidas.
Está ubicado en una esquina a 300 metros de tribunales, en un lugar donde el metro cuadrado empezó a cotizar en alza en el catastro riocuartense gracias a los desarrollos de infraestructura realizados por el Estado. Primero el Centro Cívico y luego el edificio de Tribunales de Río Cuarto. El edificio tiene aproximadamente 200 metros cuadrados de planta y siete pisos con estructuras pensadas tanto para oficinas comerciales o profesionales y también para departamentos habitables. El valor estimado de mercado según un constructor consultado, unos 3 millones de dólares. Tras la constitución del fideicomiso el tiempo estimado de obra si las cosas se hacen de manera responsable es de 2 a 3 años. Desde afuera “Espacio In” parece terminado pero todavía no colocaron las máquinas y los ascensores y siguen pendientes muchas tareas para el final de obra. El viernes podía observarse desde el frente del edificio unas pocas personas trabajando en el lugar.
¿Qué pasó?, ¿por qué se atrasó tanto?, ¿cuándo se va a entregar”? son las preguntas que se hacen los inversionistas. Entre ellos, algunos son los propios proveedores de materiales, otros quienes cedieron lotes e inmuebles existentes para su construcción. También hay abogados del foro local que necesitan el espacio en el cual invirtieron para desarrollar su tarea profesional cerca de Tribunales. Además de “pesos pesados” integrantes del “círculo rojo” con aceitados contactos con uno de los economistas involucrados.
El dilatado proyecto inmobiliario primero empezó con un fideicomiso y luego pasó a otro, en el primero aparecen como responsables los dos economistas y en el segundo uno sólo, según dejaron trascender perjudicados por los manejos de los profesionales de las finanzas.
Buena parte de los inversores prefieren reprochar desde el anonimato a los responsables de los incumplimientos. Algunos si se visibilizan también tienen que explicar de dónde salieron los fondos que aportaron al fideicomiso. Pero uno de los integrantes inicio el camino judicial del reproche. Uno de los economistas firmó un contrato de pago de alquiler de los inmuebles desde el momento en el cual se comprometieron a entregar el edificio y nunca efectivizó ese compromiso. Es decir que lo denunciaron por no pagar el alquiler de los lugares que tenía que entregar hace 5 años. La causa está radicada en el Juzgado Civil y Comercial de Séptima Nominación a cargo del magistrado Santiago Buitrago. Es una demanda ordinaria por cumplimiento y resolución de contrato. El economista denunciado puso la firma en un contrato y es el hilo para tirar para conocer lo sucedido con este escandaloso episodio que involucra a quienes se presentan como especialistas en la administración de recursos. Después de la feria judicial las partes se verán las caras en Tribunales porque desde hace un tiempo en las causas civiles y comerciales la tramitación se hace de manera oral.
Podría tratarse de un conflicto privado si los actores no tuvieran el renombre con el cual han logrado trascendencia e influencia en la historia del Río Cuarto reciente desde sus respectivos roles. La materialización de una denuncia judicial lo vuelve un proceso público. Los interrogantes que acciona el episodio alcanzan a otro edificio que con mucho más retraso se levanta cercano a la propiedad horizontal en conflicto. En ese otro fideicomiso aparece invirtiendo la esposa de uno de los economistas motivo del reproche por no cumplir lo prometido en el “Espacio In”.
Hay más de una decena de edificios sin terminar en Río Cuarto con muchos inversores que apostaron a una renta segura, algunos impulsados por constructoras de renombres con lubricados contactos con la política local y provincial. ¿En los ladrillos ya puestos y en los que faltan también anidan incumplimientos de renombrados ciudadanos que pasean su profesionalidad y prestigio frente a una sociedad muy dada a reprocharle al vecino de a pie por sus desvergüenzas pero tolerante con quienes por pertenecer gozan de ciertos privilegios y consideración?.

Así son las cosas.