Nuestro Green Book – Por Pablo Callejón Periodista

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Jimena no estaba en la lista y tampoco sus amigas. Si hubieran preguntado a donde anotarse, nadie les hubiera dado una respuesta convincente. Las amigas de Jimena ingresaron aquella noche al pub, pero la docente rural debió regresar a su casa con un nudo en la garganta. Afirmó que le cerraron la puerta en la cara por su contextura física, su forma de vestir, por no cumplir con los estereotipos de la noche glamorosa en la ciudad frívola. La lista es el derecho de admisión que los empresarios debieron retirar de los ingresos, aunque nunca dejaron de aplicar. Jimena aguardó que rectificaran el error y pidieran disculpas. Fue una espera en vano. Los dueños se sintieron contenidos por un sistema cómplice que les permitió mantener el local abierto, repleto de “gente linda” que no debió pasar por ninguna lista. La denuncia de Jimena se hizo pública y generó la indignación social, incluso de quienes no dejarían de ir al pub que discrimina cada fin de semana. Ante la Justicia, la abogada de la docente solicitó un resarcimiento de 3 millones de pesos y en el primer intento oficial por embargar parte de la recaudación, la letrada recibió un puñetazo en el estómago que la descompuso. Hubo una denuncia penal, pero no hay detenidos.

Jimena es docente y de clase media. Su situación genera mayor empatía que la de muchos jóvenes impedidos de acceder al finde clasista, revestido con las luces de neón. La ciudad, como en la fabulosa película Green Book, tiene sus propios guetos y un manual implícito sobre los lugares a los que convendría no llegar si no somos lo suficientemente delgados, heterosexuales, pudientes y de vestir con onda. El “Libro Verde” era la guía norteamericana para ciudadanos negros que debían viajar al sur racista del país. Describía los lugares a los que podían acceder. En realidad, donde los dejaban acceder. En cualquier otro ámbito serían humillados, golpeados y encarcelados, salvo que ocuparan el lugar de sirvientes de la sociedad blanca. En Río Cuarto, la decisión de los propietarios de No lo cases a colon se refugia en la validación social, la misma que defendió el Código de Faltas para anestesiar con la figura del merodeo los intentos de los chicos por cruzar el barrio y participar de la noche formal. Es la discriminación que no indigna, ni tiene prensa.

Según datos del Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo (Inadi), en 2018 hubo 50.000 denuncias y la mitad se produjeron en el interior del país. El 20 por ciento fue por segregar a discapacitados, un 12 por ciento por diversidad sexual y un 11,5 por ciento en salud. La discriminación es social y fundamentalmente económica, no se trata solo de minorías afectadas sino de quien posee el poder para discriminar al otro. Dos de las modalidades de mayor crecimiento son el buylling en las aulas y el grooming a través de las redes sociales.

En Córdoba, hasta el 2013 el principal factor de discriminación era la pobreza y en segundo lugar, la obesidad, según surge del Mapa Nacional elaborado por el Inadi. El tercer eje de segregación incluía los actos contra el inmigrante. Los brotes de xenofobia encuentran motivaciones sectoriales, como el ataque a familias bolivianas en Las Delicias tras el crimen de un presunto ladrón en 2016, ó fundamentos políticos, hallados en la persecución a extranjeros sospechosos de delitos bajo la doctrina de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
A fines de 2018, los hermanos Abraham Salomón pasaron 22 días presos por una denuncia de la DAIA basada en un anónimo y el ministerio de Bullrich habló de una supuesta vinculación con Hezbollah. Sin pruebas fiables, fueron sobreseídos por el juez federal Sebastián Ramos. La semana pasada, una pareja de arquitectos chilenos fue detenida en Palermo y trasladada a Córdoba, acusada de pertenecer a una célula terrorista que atentaría en el Congreso Internacional de la Lengua Española. Horas después, el juez federal 3 de Córdoba, Hugo Vaca Narvaja, decidió la falta de mérito y su inmediata libertad. En Ezeiza, negaron el ingreso de toda la delegación de Pakistán de Futsal que venía a competir en el Mundial Misiones 2019 y casi al mismo tiempo, fuerzas de seguridad retuvieron en el Aeropuerto de Mendoza al equipo colombiano de BMX para “verificar su pasado judicial”. Los atletas grabaron videos y subieron el material a las redes sociales. Entre los afectados se encontraba Mariana Pajón, bicampeona olímpica y con varios títulos mundiales.

En Río Cuarto, la comunidad de gays, lesbianas y trans es una de las minorías que sufre mayor discriminación. Según una encuesta realizada por la Mesa de la Diversidad en 2016, el 100 por ciento de las personas transexuales no logra acceder a un empleo, sólo el 17 por ciento puede ganar dinero sin prostituirse y el 80 por ciento se siente perseguida por la Policía. Del total de la población trans, el 37 por ciento dijo haber sufrido discriminación y violencia de parte de vecinos y el 32 por ciento por familiares y parientes. Casi el 90 por ciento de las situaciones las debieron padecer en la vía pública.

Las regulaciones legales no garantizan los cambios sociales ni la efectividad en los controles del Estado. La ordenanza 1078, promulgada en 1999, dispuso que Río Cuarto sería un ámbito de convivencia antidiscriminatoria. La normativa estableció que cualquier ciudadano “sin la más mínima limitación, pueda producir las denuncias por hechos u omisiones que le afecten sobre la base de las leyes que reglamentan la discriminación, la xenofobia y el racismo”. Además, exigió la exhibición en el ingreso a los locales bailables de un cartel con “el texto del artículo 16º de la Constitución Nacional, junto con la Ley 23.592”. Si la advertencia se puede observar en el pub de Alvear al 700, solo asumió una función decorativa. En 2015, la ordenanza 1109 advirtió que quienes “cometan actos discriminación serán sancionados con 43 unidades de multa, sin perjuicio de disponer la clausura de hasta tres días, de acuerdo con la entidad de la infracción”. Las actas suelen ser apeladas, incluso judicialmente, y demoran años en ser ejecutadas.

Hasta el 2015, cuando se cambió el Código de Faltas por un Código de Convivencia, la figura de merodeo convertía al policía en juez y parte. La Comisión de la Memoria había advertido en 2012 que el 80 por ciento de los jóvenes encuestados habían sido detenido más de una vez y el 30 por ciento de los afectados había sufrido apremios. La nueva legislación provincial derogó artículos que sobrevivieron a la Dictadura, pero no logró corregir los cercos sociales que impiden a jóvenes de barrios más vulnerables a compartir espacios de recreación y consumo del resto de la ciudad. La noche de los pibes de la gorra es un ámbito de informalidad que aumenta los niveles de violencia urbana.

Jimena se negó a abrir el Green Book que nadie escribió, pero muchos acuerdan. La joven prefirió exigir disculpas y exponer públicamente a quienes le negaron ser parte del público del pub. Pudo superar la barrera de la vergüenza y el ocultamiento que provocan los hechos de discriminación. Su historia nos conmueve y es una motivación para desnudar a los dueños de la noche riocuartense. Es también la mirada hacia nuestras propia conducta. La que nos lleva a concurrir a un local donde otros no pueden entrar ó mirar de reojo al policía que expone contra la pared al pibe que tuvo la osadía de caminar sin recelos por las calles del microcentro. Y entonces sabemos que no solo se trata de Jimena. Ni siquiera se reduce a la actitud de los dueños de un pub. Es una interpelación a la conciencia, ese lugar donde nunca logramos desprendernos de nuestro propio libro verde.

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