El próximo sábado 21 de julio, en la Casa Rosada, el presidente Mauricio Macri recibirá el texto definitivo del nuevo Código Penal argentino, sistematizado por una comisión de juristas que estuvo un año y cuatro meses trabajando en la actualización que reúne todas las normas jurídicas punitivas que comenzarán a regir en el país.
El presidente de esa comisión, Mariano Borinsky, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal desde 2011, confirmó a La Voz que el Presidente se reunirá con ellos como paso previo a enviar el proyecto al Senado, donde comenzará su tratamiento legislativo.
Entre los numerosos agregados, modificaciones y sistematizaciones que elevarán a 540 el número de artículos (el actual tiene 316), se incluye uno que impactará en la vida cotidiana de muchos argentinos y también en los sistemas jurídicos y policiales de todo el país: la despenalización del consumo personal de drogas. Esta modificación estará incluida en su nuevo título 14 que se denominará “Narcotráfico y estupefacientes”.
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La modificación se producirá por la incorporación del principio defendido en la famosa sentencia que la Corte Suprema de la Nación emitió el 25 de agosto de 2009, conocida como fallo Arriola, que juzgó a un grupo de vendedores y consumidores de marihuana de la ciudad de Rosario. En aquella oportunidad, el máximo tribunal estableció que es inconstitucional castigar a una persona por tener droga, en pequeña cantidad, para el consumo personal.
De esa manera, reinstaló la preeminencia del artículo 19 de la Constitución Nacional que establece que las acciones privadas de las personas que no afecten el orden, la moral pública ni perjudiquen a alguien quedan exentas de la autoridad de los jueces.
En los últimos 35 años ese artículo había sido arrumbado a un segundo plano debido a que la Ley de Estupefacientes 23.737, sancionada durante el gobierno de Raúl Alfonsín en 1989, castiga la tenencia aunque sea de pequeñas dosis y el consumo personal, aunque se realice en ámbito privado.
Debido a esa ley, en las últimas décadas miles de argentinos han sido sometidos a procesos judiciales por tenencia de cantidades mínimas de droga, y el Estado ha gastado cientos de millones en recursos del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad.