La resolución del Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) que limita la percepción de tasas municipales sobre las facturas de la luz puso en pie de guerra a los intendentes opositores –el Foro radical hizo expreso el rechazo y analiza recurrir a la Justicia– y en paralelo generó respaldo de sectores empresariales, que interpretan que la medida es un primer paso en materia de transparencia tarifaria.
Antes de que quede claro cuánto beneficia a los consumidores esa decisión del Ersep –aún no fue publicada y no se sabe desde cuándo regirá–, desde el organismo regulador se informó que también está en análisis una medida similar en lo que respecta al servicio de agua potable. Al igual que con la energía, la inmensa mayoría de los municipios aplica tasas de entre el 10 y el 20 por ciento sobre el consumo de agua.
“La situación es casi idéntica a la de la energía y el tema será analizado próximamente”, indicó Mario Blanco, titular del Ersep. Claro que, en este caso, una decisión similar a la adoptada con la electricidad representaría la virtual eliminación de la percepción de las tasas, que las cooperativas del interior y la empresa Aguas Cordobesas en la Capital recaudan a favor de los municipios.
Las mismas tasas municipales se aplican casi siempre sobre el gas natural, aunque en este caso la regulación no está en manos del Ersep sino del Enargas.
En la ciudad de Córdoba, por ejemplo, el Presupuesto 2018 prevé ingresos por más de 700 millones de pesos provenientes de las tasas que se aplican sobre los tres servicios esenciales. Para la administración del intendente Ramón Mestre, se trata de ingresos sustanciales. Para muchos otros intendentes, esas tasas son más vitales aún, como en el caso de todos los municipios que aplican alícuotas del 20 por ciento. En Capital, el recargo es del 10 por ciento para los tres servicios.