El juez Marcelo Martínez de Giorgi tomó este domingo declaración indagatoria a los 31 detenidos luego de la marcha a Plaza de Mayo para reclamar por la aparición de Santiago Maldonado y serían excarcelados en las próximas horas.
Luego de las audiencias, el juez se entrevistó con un grupo de representantes del Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia, a quienes les habría anticipado su conformidad para dictar la excarcelaciones de los acusados a la brevedad.
María del Carmen Verdú, de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), reveló que durante la reunión se le hicieron al magistrado una «serie de señalamientos» que a su juicio permitirían ver que se trató de «causas armadas por la policía».
«Nos manifestó su voluntad de ordenar las excarcelaciones de forma inmediata», aseguró la integrante de la organización de derechos humanos en diálogo con la prensa en la puerta de Comodoro Py.
«El propio juez ha reconocido que no tiene elementos para sostener la detención», agregó Verdú, que agradeció la influencia que tuvieron los medios para que la jornada de audiencias se adelantara un día.
Señaló, a su vez, que el horario de detención de varios de los detenidos que figura en los actas policiales no coincide con el horario registrado por muchos medios digitales.
Los detenidos habían sido trasladados al Juzgado Criminal y Correccional Federal número 5 a las 8 para prestar declaración indagatoria a esa hora, pero Martínez De Giorgi no llegó al lugar sino hasta varias horas después, lo que provocó la versión de que las audiencias iban a ser aplazadas hasta este lunes, cosa que finalmente no ocurrió.
Ahora el juez cuenta con 24 horas para resolver los pedidos de excarcelación, pero la defensa de los detenidos aspira a que sean sobreseídos y puestos en libertad de manera inminente.
Ismael Jalil, uno de los abogados defensores, aseguró que se trata de una «causa políticamente armada» contra los 31 presos, entre quienes se encuentran docentes y trabajadores de medios de prensa alternativos.
«No tienen nada que ver con los incidentes. La figura que se les imputa implica que tienen que ser ellos los que los provocan», cuestionó.
«Acaban de retener por 72 horas injustamente a trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Van a pagar esto», sentenció.