Entrevista al ex juez en lo Penal Oscar Testa sobre la decisión de la Corte Suprema de aplicar la ley del 2X1 para crímenes de lesa humanidad
Las Madres de Plaza de Mayo repudiaron este jueves en una conferencia de prensa frente a Casa Rosada la decisión de aplicar la ley del 2X1 para crímenes de lesa humanidad y, en conjunto con abogados, reclamaron el juicio político contra los jueces de la Corte Suprema que votaron a favor la medida, que de este modo impactaría en el Congreso.
“Nuestros hijos van a quedar en la historia, pero éstos (por los jueces de la Corte) nos van a dar asco. Pero el pueblo no es tonto, tenemos que mostrar quién es cada uno”, lanzó con su habitual estilo Hebe de Bonafini, titular de Madres. Denunció además que los magistrados “también son cómplices” porque “trabajaron para la dictadura, pusieron los galpones donde torturaban a nuestros hijos”.
Durante el acto en Plaza de Mayo estuvieron además Carlos Rosanski, exjuez federal, y los letrados Eduardo Barcesat y Pablo Llonto, quienes se sumaron al pedido de juicio político contra los miembros del máximo tribunal que votaron el fallo que habilita a aplicar el 2×1 en los casos contra los militares condenados por delitos de lesa humanidad.
Los jueces que avalaron esa decisión fueron Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, mientras que Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda firmaron con disidencias. Lorenzetti ya fue víctima de un pedido de juicio político ajeno a este caso, promovido por la diputada Elisa Carrió (Coalición Cívica).
Para avanzar con el juicio político a cualquiera de los funcionarios alcanzados por la Constitución Nacional, se requiere el voto de los dos tercios de los presentes en cada cámara: en primer lugar, la Cámara de Diputados acusa, y luego el Senado debe juzgar. El fin último, en este caso, es la destitución de los jueces.
El fallo supremo fue objeto de numerosas críticas por parte de organizaciones e instituciones de Derechos Humanos, así como de legisladores y dirigentes de la oposición, mientras que en el Gobierno se limitaron a decir que respetan y acatan la decisión, aunque cuestionan el contenido de la Ley 24.390, que había sido derogada.
Bonafini y otras integrantes de Madres protestaron este jueves en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina, luego de que la Iglesia haya manifestado su intención de reconciliar a familiares de desaparecidos con militares. “Ni olvido, ni perdón, ni reconciliación: 1000 años de prisión”, decía la bandera que ataron a las rejas de la entrada del Episcopado.
Desacuerdo
Mario Negri, presidente del bloque de diputados de la UCR y del interbloque Cambiemos, manifestó su desacuerdo con el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el 2×1 en el caso del represor Luis Muiña.
“Hay que hacerse cargode las particularidades de estos procesos, en los cuales es cuestionable que se compute doble en favor de los acusados la prisión preventiva que cumplieron cuando ya la ley del 2×1 se había derogado”, opinó Negri.
Recordó el legislador que aquella ley “se había dictado para descongestionar las cárceles de presos comunes por la lentitud de la Justicia, y en un tiempo en que acusados como Muiña ni siquiera tenían procesos abiertos y estaban en la libertad más absoluta”.
Repudio
El senador nacional Juan Manuel Abal Medina presentó un proyecto de declaración en el que repudia la posición adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo que mediante la aplicación de la ley 24.390, más conocida como “ley del 2 x 1”, hoy derogada; redujo el cómputo de la prisión de Luis Muiña, quien había sido condenado por delitos de lesa humanidad.
Si bien el fallo de la Corte adopta posturas estrictamente jurídicas, Abal Medina sostiene que no se puede olvidar que “el delito al que se le aplicó el beneficio de la ley del 2×1, formó parte de los delitos cometidos por el propio Estado, y que tuvimos la oportunidad de repararlos. Si no avanzamos en este sentido, si no tenemos una actitud decidida, podemos pasar otros treinta años discutiendo”.
“Solamente a partir del conocimiento de la verdad y de la justicia se podrá establecer la plena vigencia de los Derechos Humanos en general y del Derecho a la Identidad en particular”, sostiene el legislador al condenar el fallo del Tribunal Supremo.